Si son ciertos los informes de los organismos internacionales de salud que indican que el 10 por ciento de la población de cada país es discapacitada, eso indicaría, en relación con el último censo de población realizado la pasada semana, que poco más de 270 mil panameños presentan algún tipo de discapacidad, lo que equivale a 1 de cada 10 habitantes de este país.
Pese al alto índice, las condiciones de este amplio sector de la población panameña son muy precarias y las políticas destinadas a garantizar la igualdad de condiciones siguen siendo tímidas, lo que impide un efectivo cumplimiento de las normas establecidas.
Desde la pasada década la lucha por concienciar a la población en relación con la sobrada capacidad de estos hombres y mujeres se ha intensificado con resultados que si bien no son los mejores, indican que se están tomando las medidas correctivas.
Las solicitudes del pasado que preconizaban mejores condiciones de igualdad como el acondicionamiento de lugares que facilitarán el tránsito de personas con discapacidad y la señalización correcta, han variado para dar paso a la petición de empleos que permitan al individuo con alguna limitación física, garantizar los ingresos que le sirvan para su manutención.
Por tal razón, desde la década de los ochenta del pasado siglo y ahora en la actualidad, han surgido diversos programas gubernamentales y de la empresa privada dirigidos a integrar al individuo marginado por una limitación física al campo laboral.
Uno de estos programas lo desarrolla la Sección de Colocación Selectiva, dependencia de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
¿QUE ES EL PROGRAMA DE COLOCACION SELECTIVA?
Daysi de Castroverde, directora del departamento de colocación selectiva, explicó que este es un programa dirigido a personas con discapacidades que están en edad laboral y en condiciones de desarrollar un trabajo en forma productiva dentro un mercado competitivo.
Detalló que el programa surge en el MITRADEL desde el año 1984 centrando su responsabilidad en la inserción en el mundo laboral de personas con algún tipo de limitación física, para lo cual deben acudir en forma voluntaria a las oficinas de la institución y cumplir con una serie de requisitos preestablecidos.
Según la licenciada una vez son estudiadas y evaluadas cada una de las solicitudes, se introducen al banco de datos y se envían a la empresa solicitante de personal una terna de los aspirante, de los cuales se seleccionará a uno.
La sección de colocación, indicó la funcionaria, tiene registrada unas seiscientas solicitudes de empleo de discapacitados con diversas licenciaturas universitarias y conocimientos tanto técnicos como manuales.
"Las personas que son enviadas a solicitud de la empresa, en muchos casos no son contratadas inmediatamente, deben competir dentro de la compañía con individuos sin ningún tipo de discapacidad, y por lo general lo hacen bien", sostuvo la funcionaria.
Los documentos que deben presentar las personas discapacitadas que aspiren a una colocación son las copias de la cédula de identidad personal; del récord policivo vigente; de los certificados de estudios de primaria, secundaria o vocacional; copias de los diagnósticos médicos o informes de adaptación laboral de I, B, V; el informe del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE); foto tamaño carné y referencias laborales de trabajos anteriores.
Daysi de Castroverde manifestó que la labor de la sección de colocación ha sido respaldada ampliamente por algunas empresas como la tabacalera Pan American Cigars, S.A., compañía dedicada a la elaboración de tabacos, donde el 80 por ciento del personal posee alguna incapacidad, específicamente la pérdida auditiva.
La compañía Pan American Cigars, del empresario cubano Francisco Santiago, inaugurará el próximo 27 de mayo en la localidad penonomeña de La Pintada, una de las tres nuevas fábricas tabacaleras que brindarán oportunidades de trabajo a más de cien personas con algún tipo de impedimento físico.
De Castroverde reconoció que el apoyo del empresario Santiago es uno de los más valiosos, ya que demuestra su confianza en un sector de la población que ha sabido responder de manera eficiente.
De acuerdo a Nubia Dawson, de la compañía tabacalera, la contratación del personal discapacitado se debe a la gran eficiencia que demuestran los empleados, sobre todo en la facilidad con que realizan sus trabajos debido a que el lenguaje de señas que utilizan les ha dado la agilidad manual necesaria para desempeñar con destrezas labores como el roleo del tabaco.
Indicó que los trabajadores son tratados sin ningún tipo de discriminación por su condición física, y subrayó que su remuneración económica es equivalente a la de un trabajador en condiciones normales. "El trabajo que desempeñan es muy bueno al punto que suelen ser más eficientes que individuos sin ningún tipo de discapacidad", afirmó.
En el año de 1999 se aprobó la Ley 42 de 27 de enero de 1999, que entre otras cosas, otorga una serie de incentivos fiscales a las empresas que contraten personal discapacitado.
Uno de los artículos de la Ley establece que la empresa podrá deducir del impuesto sobre la renta hasta el doble del salario de empleados por un período de seis meses. La norma también dispone que las empresas que tengan más de 50 trabajadores, deben contratar una población laboral con discapacidad que equivalga al dos por ciento del personal.
Para Daysi de Castroverde si se hace un balance de la efectividad de este incentivo el resultado sería casi imperceptible. A su parecer, los empresarios que han apoyado el programa lo hacen porque creen en el personal que contratan, más que por el incentivo.
Consideró que es el momento que las demás empresas tomen conciencia y abandonen la reticencia sobre la contratación de un personal que en la mayoría de los casos ha sido altamente eficiente. "El empresario debe tratar al discapacitado como trabajador y no como una persona con alguna limitación" aseguró Daysi de Castroverde. Dejó claro que las disposiciones que establece la Ley 42 continuarán y se aplicarán las sanciones a las empresas que no cumplan con lo contenido en la norma, así como todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores que no contraten discapacitados, que ascienda al dos por ciento de su personal, tendrán que pagar al Estado una sanción que equivale a los salarios del dos por ciento de los trabajadores no empleados.
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