El procurador José Antonio Sossa advirtió que los argumentos usados por el Ejecutivo para vetar la ley que pretendía eliminar la prueba sumaria para investigar los delitos de enriquecimiento ilícito, "enarbolan la bandera de la corrupción y la impunidad".
Sossa presentó recientemente ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que eliminaba la prueba sumaria para las denuncias de corrupción en el sector público, pero la presidenta Mireya Moscoso vetó la iniciativa.
"No comparto algunas explicaciones dadas para mantener el veto a esta legislación y aplicar una barrera al Ministerio Público para investigar un delito, que por Constitución le corresponde, debido a que eso sería fomentar la impunidad", afirmó Sossa.
El Ejecutivo vetó por inconveniente el artículo 14 del proyecto de Ley 6 bajo el argumento que la modificación pretende establecer un tratamiento judicial diferente a los servidores públicos descritos en el artículo 1 de la Ley 59 de 1999, pues quien los denuncie por enriquecimiento ilícito quedará eximido de la presentación de prueba sumaria. "Además que el Ministerio Público deba aguardar a que otro funcionario, al que se le pone como valla dar pruebas para ver si hay delito o no, es algo que no puedo aceptar", dijo el procurador.
Además, estimó Sossa que resulta ilógico solicitar la presentación de una prueba sumaria para iniciar una investigación de enriquecimiento ilícito, cuando éste es un delito que se comete en la oscuridad y donde el funcionario se apropia de bienes públicos sin dejar huellas.
En cambio, explicó, en el caso por ejemplo del delito de abuso de autoridad, la prueba sumaria generalmente queda plasmada en un documento, o en una actuación realizada por el funcionario, por lo que allí sí cabe la presentación de una prueba sumaria. "Hemos querido restablecer la capacidad del Ministerio Público para investigar estos delitos, como constitucionalmente nos corresponde", planteó.
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