El ex presidente de la República, Guillermo Endara, reiteró ayer que el ambiente de corrupción real o ficticia impide que inversionistas honestos vengan al país.
"La corrupción real o percibida traerá capitales sospechosos, especuladores profesionales, inversionistas furtivos más interesados en liquidar sus ganancias que en invertir en el futuro del país", sentenció el candidato presidencial del partido Solidaridad durante su disertación ante la Cámara de Comercio Americana (AMCHAN), cuyo tema fue "La lucha contra la corrupción".
Indicó que la corrupción es un mal difícil de erradicar, que trae inversiones sospechosas y un círculo vicioso con efectos irreversibles.
"No podemos quedarnos de brazos cruzados en una actitud de pasividad imperdonable, cuyo precio pagaremos muy caro durante nuestra propia generación", acotó.
Endara expresó que no hay que enumerar los casos de corrupción porque se pueden observar, y como primer paso para contrarrestar esta acción planteó que nombrará a un Procurador de la Nación con sentido práctico que no le pese la mano ni arrastre los pies para arrestar a los delincuentes de "cuello y corbata".
Precisó que no le debe importar la vinculación política, familiar ni de amistad a la hora de investigar, sino que actúe de acuerdo con su conciencia.
Aclaró que el procurador no recibirá presiones, visitas ni llamada de la Presidencia de la República, por lo que deberá actuar en base a sus principios.
Añadió que en su gobierno los más altos funcionarios, incluyéndolo a él, estarán sujetos a las investigaciones si incurren en actuaciones dudosas.
El ex gobernante se comprometió a derogar la Ley No. 29 que establece la necesidad de presentar las pruebas sumarias para investigar casos de corrupción y a restablecer la Ley de Transparencia.
Planteó la necesidad de crear la Ley del Testigo, donde aquellas personas que desean denunciar a alguien del gobierno reciban protección de la Presidencia.
Otro de los puntos recomendados por el político y disidente arnulfista es la declaración jurada de bienes patrimoniales anualmente, las cuales serán de libre escrutinio público y no reposarán escondidas en la Contraloría de la República.
