Después de más de dos años de discusiones y debates, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer, de manera unánime, el proyecto de ley mediante el cual se aumenta a siete años la pena para los menores de edad que incurran en delitos graves.
En tanto, la Defensoría del Pueblo, el Comité Panameño por los Derechos Humanos y el Centro de Iniciativas Democráticas criticaron la medida y afirmaron que la misma no reducirá los crímenes entre menores de edad.
Según la nueva norma, los menores de edad que incurran en delitos como homicidio doloso, violación sexual, tráfico ilícito de drogas y lesiones personales con resultados de muerte tendrán que enfrentar una pena de cárcel máxima de siete años.
Marcos González, legislador proponente del proyecto, destacó que entre los avances que incluye el proyecto de ley destaca el incremento de dos a seis meses de prisión preventiva para los menores de edad sospechosos de haber incurrido en alguno de los delitos citados.
Según la norma vigente, cuando un menor es sospechoso de algún delito, éste debe permanecer detenido hasta por dos meses y en el caso que no haya sido llamado a juicio debe ser liberado.
El proyecto, que está pendiente de la sanción de la presidenta Mireya Moscoso, consta de 23 artículos que reforman la Ley 40 de Responsabilidad Penal para la Adolescencia.
222Mientras que organismos de derechos humanos critican la medida.
González destacó que a pesar de la oposición de algunos organismos de derechos humanos, se espera que esta nueva norma legal pueda contribuir de manera efectiva a disminuir los índices de delincuencia que afectan a la sociedad panameña.
Recordó que paralelo a la aprobación del proyecto de ley, se destinó una partida de B/.3 millones para el nombramiento de jueces y demás medidas que haya que tomar para el funcionamiento del sistema.
La aprobación de esta modificación a la Ley 40 se logró después de meses de discusión en primer debate y más de dos semanas en segundo debate.
El proyecto de ley aprobado en tercer debate en la Asamblea Legislativa y que introduce ligeras modificaciones a la Ley 40 del Régimen de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, en cuanto al aumento de pena a los menores culpables de delitos graves, no contribuirá a prevenir la delincuencia.
Esa fue la opinión coincidente del director Ejecutivo del Centro de Iniciativas Democráticas, Jorge Giannareas; del secretario general de la Defensoría del Pueblo, James Bernard; del presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Manuel Cupas y de la Sociedad Panameña de Pediatría.
Según Giannareas, con esta modificación en la que se aumenta la pena a los menores infractores en tres delitos, de cinco a siete años, no contribuirá a reducir la criminalidad, pues las leyes penales no son para resolver los problemas de delincuencia.
Las normas que regulan las sanciones son para administrar el sistema carcelario y no para prevenir, sustentó Giannareas, porque las leyes penales no previenen del delito.
De acuerdo con el exponente, el documento aprobado por la Asamblea Legislativa es totalmente diferente al que presentó el legislador Marcos González y consideró que los cambios aprobados "tienen un parecido muy vago" con la propuesta del parlamentario.
Explicó que se mantuvo la edad de responsabilidad penal en 14 años, se aumentaron las penas de cinco a siete años en tres delitos y se extendió el período de detención preventiva de los menores de dos a seis meses, siempre y cuando no hubiese "privación de libertad".
A juicio de Giannareas, esta modificación mejoró la Ley 40, sobre todo en aspectos técnicos de su aplicación, pero que en nada contribuyen a prevenir la delincuencia.
En tanto, el presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Manuel Cupas, consideró que los cambios no han sido muy significativos, pero estimó que lo fundamental es que se respeten y se cumpla con la ley.
Agregó que lo importante para el sistema es que la aplicación de la ley se cumpla y que sea efectiva.
Mientras el secretario general de la Defensoría del Pueblo, James Bernard, también coincidió en que el aumento de pena no resuelve el problema de la criminalidad de adultos ni la juvenil y que esa es la posición dada a conocer por la institución.
Recordó que la Ley 40 de responsabilidad penal, mas que castigar al menor delincuente lo que busca es un parámetro distinto en el sentido de que el joven fuera resocializado.
Por su parte, la Sociedad Panameña de Pediatría (SPP) se sumó a las organizaciones que rechazan el aumento de pena a los menores que delinquen señalando que La seguridad ciudadana, como un problema de Estado, no tiene sus raíces en los adolescentes y que no se encontrarán soluciones parciales o totales con el incremento de las sanciones.
Mediante un comunicado que lleva la firma de José Almario, la SPP sustenta que más bien es la sociedad del adulto, sin valores ni preceptos morales representativos y claros, los que, sumados a una sociedad consumista, esnobista y la falta de comunicación familiar y deshumanización, son elementos que agravan, aún más, la descomposición social del país.
Si vemos la realidad del continente, dice la SPP, nos daremos cuenta que se está atacando tarde el flagelo de la actuación de los adolescentes y que, en el contexto de los delitos cometidos por adultos representan una minoría estadística que produce mucho impacto y alarma, más aún cuando sus actos delictivos son graves.
Argumenta que las privaciones prolongadas de la libertad en los adolescentes infractores no reflejan datos estadísticos que brinden metas efectivas en los logros educativos, la resocialización y la seguridad ciudadana, más bien representan un retroceso social.
