El director de la Policía Nacional, Carlos Barés, aseguró que su homólogo nicaragüense, Edwin Cordero Ardila, aceptó ayer haber sido objeto de un engaño por una experta banda de traficantes de armas que logró trasegar desde ese país 3,000 fusiles AK-47 y dos millones de municiones con una orden de compra falsificada.
Mientras que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) admitieron tener el armamento. Paralelamente, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Frederick Becker, anunció que un equipo de investigadores de su país colabora con las pesquisas para esclarecer los hechos.
"Conversé con el director de la Policía de Nicaragua, Edwin Cordero Ardila, y ellos están bien preocupados, porque fueron engañados por estos empresarios que parecían serios", dijo. Aseguró que éstos no tienen documentos en donde se establezca que Panamá estuvo haciendo algún tipo de transacción en este sentido.
En tanto, Becker manifestó que no es un secreto que entre los países centroamericanos existe una seria contradicción en cuanto a este tema y que un grupo de funcionarios norteamericanos está en contacto diario con las autoridades panameñas para esclarecer estos hechos, pero admitió que aún están en la fase preliminar.
En este sentido, el secretario general del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro, aseguró que el cerebro de toda esta operación pudo ser el exdirector de la Policía nicaragüense, Franco Montealegre, quien se encontraba a cargo de esta institución cuando se ejecutó la transacción.
Por su parte, Gustavo Padilla, el agente residente de la empresa Trafalgar Maritime Inc, propietaria del barco Otterloo que supuestamente transportó el armamento, informó que el gerente general de esa empresa, el mexicano Miguel Onattop, no regresará a Panamá por temor a ser utilizado como chivo expiatorio en este caso. Padilla reveló que la Policía Técnica Judicial (PTJ) entró a la embarcación y obtuvo la bitácora y la computadora e interrogaron a su capitán Carlos Aguilar, pero que la nave no se encuentra cautelada.
Aceptó que el Oterloo estuvo anclado una semana en Nicaragua, sin embargo, afirmó que no recogió armas y que llevaba un embarque de pelotas plásticas. Agregó que el barco fue contratado por la empresa colombiana Turbo Aduanas y no por los empresarios israelíes Shimon Yelinek y Marcos Sharen.
También la PTJ tomó declaración jurada al jefe de compras de la Policía Nacional, Rolando Taboada; a Reinaldo Castillo, jefe de compras; Fredinson Carvajal funcionario de control fiscal de la Contraloría, y Alexis Vergara de la subdirección financiera en asuntos de seguridad de gobierno y justicia, cuyos nombres aparecen en la orden de compra que se utilizó para la adquirir las armas. Por su parte, Marcos Sharen admitió que en abril del año 2000 presentó a Oris Zoler con Shimon Yelinek durante un viaje realizado a Nicaragua, pero dijo que desde ese momento nunca se ha vuelto a reunir con esas personas.
Sharen señaló que es un comerciante que ha logrado vender equipos de seguridad a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de la Presidencia, no obstante, negó haber hecho tratos con la Policía, a pesar que en una ocasión intentó venderles catres, botas y telas para uniformes.
Por su parte, Barés enfatizó que una transacción de esta índole y por el monto de B/.5 millones hubiese requerido autorización de múltiples instituciones y haber pasado un sinnúmero de filtros en Panamá. Planteó que en el documento de compra se habla de la adquisición de 500 pistolas tipos Jericó, armas no usadas por la Policía.
La Policía mantiene documentos en donde se establece la carga de 14 contenedores en el Oterloo en Puerto Rama, Nicaragua, por parte de la empresa Bagali el 2 de noviembre del 2001, para luego continuar viaje hacia Colombia en donde fueron desembarcados. A su vez insisten en que ningún miembro de la institución ha mantenido relaciones con Oris Zoler y Uzi Kissilivich, representantes de la empresa guatemalteca GIR S.A. y que éstos sí han admitido tener vínculos con Sharen y Yelinek.
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