Enrique de Obarrio. "El Ejecutivo erró en las designaciones de Ana Matilde Gómez y Oscar Ceville, como procuradores de la Nación y Administración respectivamente. Fue un proceso carente de consulta previa cara al pueblo".
Montenegro de Fletcher. "La consulta a los sectores populares queda a discrecionalidad del jefe del Ejecutivo, pues en este sentido existen leyes que establecen este mecanismo. En el caso del nombramiento de magistrados y procuradores, el Ejecutivo no está en la obligación de consultar".
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