El gobierno nacional entregó ayer en Colón la vivienda 2018 que fue totalmente remodelada por albañiles y carpinteros del MIVI, donde 44 personas, agrupadas en 11 familias, cuentan con una solución decorosa como parte del Programa de Mejoramiento de Barrios que desarrolla el Ministerio de Vivienda (MIVI).
La casa, que ahora cuenta con ventanas francesas, sala, comedor, baños sanitarios comunales y un área para lavandería, mejora el aspecto de la calle 2 y 3 en la avenida Meléndez.
El monto invertido fue de B/.43 mil y de acuerdo con la arquitecta Anayka Mercado, los recursos fueron aportados por la administración de la Zona Libre de Colón y otros fondos del Proyecto de Inversiones Locales.
El presidente Martín Torrijos hizo entrega de llaves a las familias beneficiadas, y anunció que para la próxima semana se darán a conocer varios proyectos importantes para la provincia colonense, entre estos la rehabilitación de 42 edificios, carreteras, acueductos y otras obras, que están por licitar.
En los próximos días todos los estudios de impacto ambiental estarán disponibles en la página web de la institución para una mayor transparencia.
Zambrano, coincidió con Despaigne al decir que existe ausencia de profesionalismo.
Con la Ley 5 de 28 de enero de 2005 no se salva nadie, se incluye la técnica de la ley penal y la proporcionalidad del daño ambiental. Así lo afirma categóricamente Giovanni Olmos Espino, quien promovió y dio vida a esta normativa como Fiscal Quinto de Primer Circuito Judicial de Panamá.
Separado del cargo en mención el pasado mes de abril por una falta administrativa, accedió a explicar a Panamá América las buenas nuevas de la citada legislación.
Por ejemplo, citó: "nos llevó cinco años elaborar un proyecto acorde a la realidad ambiental del país".
Olmos indicó que revisando la Ley 41 la cual creó la ANAM se percató de que el Ministerio Público tenía la responsabilidad de perseguir los delitos contra la naturaleza; sin embargo, en la práctica no se había habilitado una fiscalía que se encargara de estos casos.
Por iniciativa propia y avalada por el entonces Procurador José Antonio Sosa, en 1998 a la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá, de Robos y Hurtos de Autos se le anexó la responsabilidad en delitos contra el ambiente. Posteriormente se habilitaron la Fiscalía 11 y 12 para atender delitos relacionados con el ambiente.
El artículo 394 que plantea los delitos contra los recursos naturales fue uno de los puntos más álgidos durante la discusión de la ley, recordó Olmos. Esta norma establece que "quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, inutilice, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, causando efectos adversos, directos o indirectos, irreversibles, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y de 50 a 150 días de multa".
Otra y no menos importante es el aspecto sobre delitos contra la normativa urbanística, que castiga con penas de dos a cuatro años de prisión a quienes construyan poniendo en riesgo el ambiente y la población. Sanción que cae como anillo al dedo en el caso ocurrido en la barriada Prados del Este, afectada por las inundaciones de octubre del año pasado.
La nueva legislación plantea delitos contra la vida silvestre, y se agrava si la acción se da en áreas protegidas. Además, quien incendie masas vegetales será sancionado con uno a tres años de prisión con 50 a 150 días de multa.
Despaigne, expresa que lo ideal sería que la ANAM sea la entidad responsable que realice los estudios de impacto ambiental y por qué no, que vayan hasta licitación pública. Pero, la entidad insiste en que no hay recursos, y que lo mejor sería aprender a proteger el medio ambiente.
