La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa entregó a diversos sectores de la sociedad el texto de la nueva Ley 55 del 30 de julio del 2003 de Modernización del Sistema Penitenciario que reemplaza la norma que regía las cárceles panameñas desde la década del 40.
El presidente de esta comisión, Javier Tejeira, sostuvo que esta ley, que ya fue sancionada por la mandataria, permite al Estado sobreponerse a una morosidad de más de 62 años. Tejeira recordó que la Ley que regía el sistema era de 1941, y siete años después en 1948, se dio la declaración Universal de los Derechos Humanos y 14 años después se aprueba la Ley de Derechos Humanos que estipula cómo se debe tratar el tema de la legislación penitenciaria.
A juicio del legislador Tejeira, con la Ley aprobada, no sólo se beneficia a los 11 mil privados de libertad, sino a toda la familia que se calcula en unas 66 mil. La directora del Sistema Penitenciario Nacional, Concepción Corro, destacó que a partir de la fecha las autoridades correspondientes tienen un plazo de doce meses para reglamentar la Ley y hasta al año 2010 para implementarla totalmente.
Corro explicó que esta nueva norma requiere que se haga una clasificación de los internos y separar a quienes están detenidos de forma preventiva de aquéllos que ya han sido condenados y para ello se necesita construir nuevas celdas. La nueva ley también establece la necesidad de establecer talleres para la capacitación de los internos y cumplir con el programa de resocialización.
Corro también destacó que con la nueva norma se crea el ahorro obligatorio de los reos con el dinero que generan con sus actividades y para tal efecto ya se ha llegado a un acuerdo con la Caja de Ahorros para abrir las cuentas en dicho centro bancario.
La funcionaria indicó que en un plazo que va hasta el año 2010, el Estado tiene el compromiso de construir nuevos centros penitenciarios a fin de hacer cumplir la ley. Monseñor Carlos María Ariz expresó la satisfacción de la Iglesia Católica porque a través de esta ley se trata a los privados de libertad "con mucho más respeto y como seres humanos".
Esta ley debe favorecer a todos, al Gobierno porque corrige una falla y a los funcionarios que laboran en las prisiones con mucha más seguridad y para los internos porque reciben un mejor trato y les dan oportunidad de reinsertarse en la sociedad.
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