LA PROCURADURÍA de la Nación autorizó entregar inmediatamente los restos de Ever Quintanar a sus familiares, luego de permanecer por varios años en el Ministerio Público, a pesar que por medio de pruebas de ADN se logró identificarlo.
Asimismo, la procuradora Ana Matilde Gómez se comprometió a seguir las investigaciones de casos de desaparecidos y víctimas durante la dictadura militar.
Alberto Almanza, de la Comisión de la Verdad y familiares de los Desaparecidos se reunieron ayer Gómez.
Pero si bien es un asunto delicado, no es un tema reciente. Ya desde 1997 y basado en un informe presentado por cada país, el periodista e investigador guatemalteco Edgar Celada habla de una narcoactividad en Centroamérica.
Celada señaló incluso que la región pasó de ser una mera zona de tránsito del trasiego de droga a un mercado en sí mismo, en donde cada país cumple una función en esa narcoactividad.
Según el periodista, mientras en Panamá y Costa Rica se desarrolla el lavado de dinero, Honduras, Nicaragua y Guatemala destacan por la extensión de la producción.
Sin embargo, eso no es todo. El documento también recalca la incidencia corruptora del narcotráfico en los sistemas judiciales, señalando que en Panamá el problema probablemente sea uno de los más graves pues, "según indicios, la corrupción alcanzaría a altos niveles de la magistratura".
De ser así, en Panamá tendríamos que vernos en el espejo de los vecinos. En Colombia las ganancias del ilícito han corrompido a funcionarios del sector público y privado, lo que ha vulnerado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
No en vano en Colombia se habla de que los jueces fueron maniatados de pies y manos debido al pago de favores a que se acostumbraron. Esto, sumado a la filtración de información, a las amenazas y las intimidaciones, así como a la falta de protección, prácticamente paralizó su ejecutoria.
