El ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III, informó ayer que la posibilidad de que sea equiparado el salario mínimo de los trabajadores del sector público a los de la empresa privada, no depende de su ministerio sino de una legislación que sea aprobada por la Presidencia de la República.
Las declaraciones de Vallarino surgen luego que miembros de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) aseguraran que interpondrán una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, luego que la Corte Suprema de Justicia le negara esta posibilidad y asegurara que ese aumento dependía del Ejecutivo.
De acuerdo con Vallarino, esa decisión compete al ministerio de la Presidencia, porque ellos se rigen por una ley diferente al Código de Trabajo. "Tenemos que estar muy claros que el Código de Trabajo está bajo responsabilidad del ministerio de Trabajo, no así el servidor público que entra en otra ley administrada por el ministerio de la Presidencia".
Expresó que la presidenta Mireya Moscoso ha dicho que el servidor público se merece igual o mejor trato que los trabajadores del sector privado, por lo que se han buscado fórmulas en el presupuesto de la nación para elevar los salarios, pero a través de una instancia que se administra en el ministerio de la Presidencia.
Para los directivos de la FENASEP, el salario mínimo de 253 balboas mensuales que se aplica en la empresa privada debe ser también establecido en el sector público, por lo que consideran ilegal e inmoral que hayan empleados públicos que devenguen menos de esa cantidad.
La FENASEP propugna también por el aumento al tope de cálculo del décimo tercer mes a los trabajadores del sector público a 800 balboas, propuesta que ya fue presentada a la Asamblea Legislativa.
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