La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Órgano Judicial envió copias al presidente de esa entidad, José Ayú Prado, para que gestione ante el Ministerio de la Presidencia, el pago de 5 millones 793 mil 854 dólares con 82 centavos a favor de la empresa Aseguradora Mundial S.A. (antes Mapfre/Panamá).
Documentos judiciales a los que tuvo acceso Panamá América indicaron que la decisión se debe al cumplimiento de una sentencia a favor de la aseguradora, luego de que Constructora del Istmo ganara un pleito contra la Resolución 2 del 23 de enero de 2006 del Ministerio de la Presidencia que anuló un contrato entre la constructora y el Estado.
Los magistrados tomaron la decisión porque desde el año 2010, la instancia judicial falló a favor de la empresa, pero no se ha cumplido el pago del resarcimiento, a pesar de que existe una decisión que es inapelable. El contrato de construcción fue firmado durante la administración de Mireya Moscoso (1999-2004) y anulado en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).
La compañía acordó, el 1 de agosto de 2001, un contrato con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el diseño, construcción y mantenimiento de la pavimentación de la carretera Panamericana del trayecto Bayano-Tortí, pero tiempo después, el Ministerio de la Presidencia emitió la Resolución 2 del 23 de enero de 2006 para anular el contrato. El costo de la obra fue de 8 millones 798 mil dólares.
Los documentos agregaron que la resolución del Ministerio de la Presidencia se basaba en que Constructura del Istmo no reparó ni subsanó los daños ocasionados por la obra y que el asfalto era de mala calidad, algo que fue refutado por la compañía porque alegó que la zona fue inspeccionada por peritos que dieron el visto bueno.
Agregaron que el Ministerio de la Presidencia no utilizó los canales adecuados para la anulación del contrato y declaró ilegal la resolución con una condena en abstracto a favor de Constructora del Istmo, mientras que la obra se culminó porque la aseguradora ejecutó la fianza de cumplimiento y esta demandó al Estado para cobrar.
Ubaldino Real era el ministro de la Presidencia cuando se emitió la resolución que anulaba el contrato objetado.
Estado también tuvo que pagar tres millones de dólares a exfiscales
Durante la administración de Martín Torrijos, por decisión de la exprocuradora y hoy diputada Ana Matilde Gómez, el Estado tuvo que desembolsar solo en salarios caídos a unos nueve funcionarios del Ministerio Público, tres millones de dólares por despidos injustificados.
Gómez, como procuradora de la nación, botó a unos ocho fiscales y al director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Mas, en lo que estos denominaron procesos de persecución, por lo cual la situación llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
En todos estos casos, la Corte falló a favor de los funcionarios afectados.
Gómez incluso abrió procesos disciplinarios contra una serie de funcionarios, muchos de los cuales decidieron retirarse de esa institución.
