La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró que no son ilegales las resoluciones emitidas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) que declararon responsable al ex coronel Angel Mina Justiniani de lesiones al Estado por la suma de B/.90,000.
Al resolver una demanda de nulidad contra la resolución No. 25-2001 de 7 de agosto del 2001 emitida por la DRP, los magistrados de la sala establecieron que los argumentos expresados por la defensa de Mina para desvirtuar la lesión patrimonial carecen de fundamento.
También señalan que las acciones realizadas por Mina demuestran la carencia de cuidado y celo que deben mantener los funcionarios, que por cualquier razón pueden disponer de bienes o fondos públicos.
Estimaron que Mina Justiniani al firmar el cheque 4203, permitió que con su conducta se ocasionara un perjuicio patrimonial, ya que se pagó al coronel Roberto Díaz Herrera la suma de B/.90,000 sin que el Estado recibiera a cambio un beneficio o contraprestación alguna.
De acuerdo al proceso de la DRP, el ex coronel Roberto Díaz Herrera aceptó haber recibido el cheque por la suma de B/.90,000 por la venta de una propiedad familiar ubicada a la empresa JAB.
A la vez señalan que Mina Justiniani al brindar sus respectivos descargos no brindó detalles para justificar su actuar dentro del Fondo de Operaciones de las Fuerzas de Defensa.
En ese sentido, Mina Justiniani explicó que los cheques se giraban con la firma principal del Jefe de Estado Mayor G-4 y como segunda firma, la de un miembro perteneciente al Estado Mayor autorizado a firmar por el Banco Nacional de Panamá (BNP) y que únicamente se verificaba que en cualquier cheque se encontrara la firma del coronel Marco Justines, sin examinar mayores detalles.
