Escalona aporta pruebas a fiscalía

EL EX ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, aportó a la Fiscalía Primera Anticorrupción una serie de elementos probatorios en donde se le excluye de cualquier actividad ilícita, dentro de las sumarias por la salida del anticastrista Luis Posada Carriles y otros tres colaboradores.
Escalona sostuvo que acudió de manera responsable a la fiscalía y que el pasado 29 mayo presentó una ampliación de su declaración indagatoria.
Aseguró que en ningún momento ha rehuido el proceso y que ha participado activamente convencido en la inexistencia de una conducta ilícita por su parte.
A la vez, señaló que nunca ha desatendido las citaciones realizadas por la fiscalía y tampoco ha obstaculizado el normal desenvolvimiento del proceso.
También explicó que se le ha querido endilgar de manera falsa una actitud de desatención al proceso, lo cual crea un ambiente negativo que influye en la opinión pública y ejerce presión en los funcionarios para que actúen sujetos a lo que dirán los medios o lo que pensará la opinión pública y no a lo que se encuentra probado o establece la ley.
De hecho, Escalona ha comparecido a la fiscalía en tres ocasiones, dos en diciembre del 2004 y en mayo pasado, tras la ampliación ordenada por el juzgado duodécimo.
El juzgado décimo segundo ordenó un ampliación de las sumarias seguidas a Escalona, al ex director de la Policía, Carlos Bares; al ex subdirector de Migración, Javier Tapia; a la directora de Sistema Penitenciario, Concepción Corro; y al ex jefe del DIIP, Arnulfo Escobar, por la salida irregular de Posada Carriles.
La investigación se inició luego que el Ministerio Público analizara la forma en que Posada Carriles, Guillermo Novo, Gaspar Jiménez y Pedro Remón abandonaron el país, tras recibir un indulto por la ex presidenta Mireya Moscoso.
El indulto otorgado a los cuatro anticastristas originó una situación tensa entre los gobierno de Panamá y Cuba, que culminó con el retiro del embajador Cubano Carlos Zamora.
Carriles se encontraba cumpliendo una pena de prisión por el delito de posesión de explosivos, que se presume serían utilizados para atentar contra el Presidente Cubano Fidel Castro.