El subsecretario general de la Procuraduría, Ramiro Esquivel, informó que tras el descubrimiento, la funcionaria envió un informe a los fiscales superiores, lo que dio inicio a una investigación de oficio.
La situación fue calificada como irregular, toda vez que no se trataba de una visita conyugal, por lo que se buscará el registro de llegadas del personal que acudió a finales del mes de enero al centro penitenciario La Joya.
Dependiendo de la información que ha sido solicitada al Sistema Penitenciario para verificar los listados de visitas del penal, se podrá determinar si las mujeres que están siendo investigadas son abogadas efectivamente.
El funcionario del Ministerio Público explicó que las visitas conyugales están permitidas por ley, pero las mismas tienen que ser autorizadas luego de determinarse que hay un vínculo matrimonial entre los solicitantes.
Indicó que después que la destituyeron decidieron asignar un espacio para los expedientes de la Fiscalía de Drogas porque consideran que no estaban ubicados correctamente, cosa que no era su decisión, sino de la administración.
Explica que la destitución alegaba que no cumplía con la carrera administrativa.
Discrepa con la decisión adoptada por el despacho de la Procuraduría, al destacar que el faltante de dinero no era de expedientes que ya habían salido del despacho, sino que aún se mantenían en trámites y que estaba en custodia del secretario de la Fiscalía de Drogas.
La auditoría realizada en la fiscalía reveló que las pruebas de campos e informes policiales no tenían firmas.
Indicó que había inexistencia de libros de ampliaciones y de control cronológico.
Igualmente, que no se contaba con libros de control de audiencia y falta de orden en los legajos.
