El hurto de los Juegos de Antaño hizo que funcionarios y ex funcionarios cambiaran su discurso con relación a los fondos que donó Taiwán a fundaciones de interés público en el gobierno anterior.
El contralor Carlos Vallarino y el abogado de la ex primera dama, Ruby Moscoso, dieron un giro inesperado dos semanas después de que el Ministerio Público ordenó una investigación por el hurto de este monumento del parque Omar.
Vallarino aseguró que la escultura no era del Estado porque fue donada a la Fundación Pro Educación Integral de la Niñez y la Juventud, cuya presidenta fue la ex primera dama, Ruby Moscoso.
Este argumento es absolutamente opuesto al que esgrimió el mismo funcionario en una auditoría que remitió al Ministerio Público -en octubre de 2007- sobre presuntos manejos irregulares de B/ 4.4 millones por directivos de esa fundación.
En aquel momento, Vallarino aseguró que "por ser esa fundación de interés público, los fondos eran públicos y podían ser auditados por la Contraloría General de la República".
El contralor respaldaba sus señalamientos con la Resolución número 749-04 DAG firmada por su antecesor Alvin Weeden, quien ordenó una auditoría sobre esos fondos, luego que la esposa del mandatario, Martín Torrijos, pidió una investigación en el 2004.
En tanto, el defensor de la ex primera dama, Alejandro Pérez, dijo que la escultura -que fue trasladada del Museo del Tucán al parque Omar con fondos de Taiwán- sí era del Estado.
Pérez también varió su discurso, pues cuando auditaron los fondos de la fundación -que presidió su clienta- advirtió que eran privados y que la Contraloría se estaba extralimitando en sus funciones.
Obra sin dueño.
Hace una semana, la procuradora Ana Matilde Gómez afirmó que no hay un orden cronológico de los documentos que deben sustentar los movimientos a los que fue sometida la escultura.
Advirtió, incluso, que ni siquiera se sabe al patrimonio de cuál institución pertenece la obra.
Nuevo elemento.
En medio de esta disputa, los defensores de la ex primera dama desempolvaron el Decreto Ejecutivo No. 135 de 18 de octubre de 2001, firmado por la ex presidenta Mireya Moscoso.
El documento ordena que "el manejo y la erogación de los recursos transferidos a las fundaciones, quedan sujetos a las normas aplicables a los fondos del Tesoro Nacional en materia de administración y fiscalización".
El decreto advertía que las fundaciones no podían realizar actividad alguna distinta de la de recibir, mantener y erogar los fondos objeto de la donación.
Sin embargo, Ruby Moscoso desatendió esa orden y manejó discrecionalmente los fondos, lo que a la postre generó una polémica legal.
Inicio de investigación depende de la Corte
El pleno de la Corte Suprema de Justicia mantiene -desde el pasado 25 de octubre- la auditoría final que revela presuntas irregularidades en el manejo de fondos donados por Taiwán al despacho de la ex primera dama, Ruby Moscoso.
El expediente fue remitido mediante nota No. PGN-SS-1007-07 por la jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, bajo el argumento de que las investigaciones podrían alcanzar a la ex presidenta Mireya Moscoso, quien goza de inmunidad como diputada en el Parlamento Centroamericano.
Hasta tanto la máxima corporación de justicia no se pronuncie, la procuradora Gómez ha manifestado que no puede iniciar las investigaciones.
Incluso, solicitó autorización a los magistrados de la Corte para investigar a los que no tienen inmunidad, pero tampoco ha recibido respuesta.
Las investigaciones por este caso iniciaron hace cuatro años en la Contraloría bajo la administración de Alvin Weeden.
Nueve meses después, la retomó el entonces contralor Dani Kuzniecky quien remitió al Ministerio Público un informe preliminar y finalmente, Carlos Vallarino.
