El incumplimiento del Estado en el pago de las obligaciones laborales a funcionarios y exfuncionarios estatales, previamente destituidos, es violatorio de las normas legales, advirtió al Organo Ejecutivo el Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada.
Tras realizar una serie de consideraciones legales, Tejada instó al Ejecutivo a hacer efectivo el pago de las obligaciones laborales incumplidas a estos trabajadores.
La petición de Tejada surge tras la elaboración de un informe, en donde la Defensoría del Pueblo recibió y analizó unas 65 quejas ciudadanas relacionadas con el incumplimiento del Estado en el pago de prestaciones laborales a servidores públicos.
De acuerdo con Tejada, la difusión de este informe, que fue enviado al despacho de la Presidenta de la República, tiene la intención de que se analicen a profundidad las vías alternas para hacer efectiva la cancelación de estos compromisos con los ciudadanos panameños.
Dijo que se pretende hacer cumplir las normas nacionales e internacionales, específicas y genéricas, respecto a la obligación de reconocer y satisfacer el derecho humano a una justa remuneración por trabajo realizado.
Recalcó que los derechos laborales son inviolables e irrenunciables de los que gozan todos los funcionarios, sin la posibilidad de ser privados arbitrariamente de ellos.
Estimó que de seguro habrá ciudadanos a quienes el Estado les adeuda y no se han presentado a la Defensoría a interponer su queja, por lo que sugirió que el Ejecutivo solicite información sobre esta situación a las diferentes instituciones públicas, ya que resulta importante que el Estado se ponga en "paz y salvo" con quienes han prestado sus servicios a la administración pública.
