EL ESTADO panameño tendrá que hacerle frente a un millonario pago en concepto de indemnizaciones, salarios caídos y costas procesales de los casos de funcionarios gubernamentales que fueron excluidos y destituidos durante gestiones pasadas y quienes se encontraban amparados bajo la Ley de Carrera Administrativa.
Al tiempo que con las reformas a la Ley de Carrera Administrativa se buscan los mecanismos regulatorios que impidan que los ministros o los directores de instituciones gubernamentales despidan trabajadores por el puro deseo de hacerlo sin mediar causa justificada.
El diputado Leandro Avila aseguró que las reformas serán estrictas, ya que si un alto funcionario decide despedir a algún trabajador amparado en la ley, ellos tendrán que pagar de su pecunio los salarios dejados de cobrar por los trabajadores.
Por su parte, Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, criticó la falta de una articulación coherente en el Estado, ya que la administración presente también está despidiendo a funcionarios amparados por la Ley de Carrera Administrativa, lo cual es mucho más irresponsable.
El Estado tendrá que pagar a los destituidos por la Ley 25 B/.40 millones, a unos trabajadores del Puente de las Américas B/. 3 millones, a 67 funcionarios que tienen expedientes en la Dirección de Carrera Administrativa B/. 1.5 millón y la suma aumentará si siguen los despidos injustificados. Más en A3
