El Estado panameño ha abandonado a la Universidad de Panamá (UP) a su suerte con la deuda de B/.2.8 millones que mantiene con la empresa de distribución eléctrica Unión Fenosa y que tiene sin fluido eléctrico desde hace más de diecisiete días, al Campus Universitario Dr. Harmodio Arias Madrid, ubicado en Curundú.
Lo anterior es la posición expresada por el Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, en relación al conflicto de la UP con la empresa Unión Fenosa.
Tejada indicó que al negarle a la UP la posibilidad económica de pagar un servicio básico como la electricidad, el Estado obstaculiza con ello, muy seriamente, el proceso educativo que se debe desarrollar a nivel superior, principalmente a favor de quienes no disponen los suficientes recursos para matricularse en universidades privadas.
Según el Defensor del Pueblo, con esta situación Panamá viola el "Protocolo de San Salvador", aprobado mediante Ley No.21 de 22 de octubre de 1992, mediante el cual la nación se comprometió a adoptar las medidas necesarias para la plena efectividad del derecho a la educación a la enseñanza superior.
De acuerdo con Tejada ahora más que nunca, necesitamos atender aquellas instituciones que juegan un papel primordial a favor de los derechos fundamentales del hombre, permitiendo en este caso al ciudadano la formación y educación necesaria, para elevar sus aspiraciones y aumentar sus probabilidades de competir y no caer en la pobreza.
Por otro lado, estudiantes, profesores, administrativos de la UP programan para la próxima semana una marcha hacia la Presidencia de la República para protestar por la falta de presupuesto para hacerle frente a la deuda que mantiene la institución con Unión Fenosa.
En tanto, el rector de la UP, Julio Vallarino, se reunió ayer con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, Mateo Castillero, a quien solicitó su intervención para lograr que el Ejecutivo apruebe un crédito extraordinario que subsidie los B/. 2.8 millones para el pago de la cuenta de energía eléctrica atrasada.
Castillero respondió que todo depende del Ejecutivo que debe aprobar un crédito extraordinario y en el caso que lo haga la Comisión de Presupuesto le daría trámite en un plazo de 24 horas.
Vallarino insistió en que se requiere de un "subsidio" de parte del Gobierno para cumplir con la deuda que mantienen, ya que de lo contrario se afectaría el inicio del próximo semestre porque no cuentan con los fondos necesarios para hacer frente a estos pagos.
Vallarino recalcó que en estos momentos la Universidad de Panamá no cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a esta deuda y por eso necesitan del apoyo del gobierno central a fin de que se apruebe un subsidio extra por B/. 2.8 millones.
Explicó que desde 1997 cuando se privatizó el IRHE se hizo una negociación que incluyó la condonación de su deuda por el consumo de varias instituciones del Estado, entre las cuales se incluyó a la Universidad de Panamá, pero se le mantuvo un monto pendiente superior a B/. 1 millón.
Al monto pendiente hay que sumar el arrastre de varios años que se ha convertido en B/. 2.8 millones, cifra que no puede pagar actualmente la Universidad de Panamá.
Vallarino señaló que no se ha pensado en aumentar la matrícula porque en el caso se incrementará en cuatro veces el precio actual, sólo se lograría recolectar una cifra superior a B/. 1 millón, lo cual no sería suficiente para pagar esta deuda.
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