El viceministro de Finanzas, Ricardo Quijano, afirmó ayer que "definitivamente" no es posible que el gobierno asuma el incremento en la tarifa de energía eléctrica, mientras que Rafael Moscote, director del Ente Regulador de los Servicios Públicos, dijo que legalmente el Estado está facultado para asumir hasta un 20% de este aumento.
Según el viceministro, producto del manejo de las finanzas públicas quedó un déficit de más del 1% del presupuesto de este año, lo cual impide que el Estado pueda otorgar este tipo de subsidios.
En tanto, Moscote, quien compareció ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, aseguró que la ley que rige la actividad de generación, distribución y venta de energía eléctrica, señala que el Estado puede subsidiar hasta el 20% de la cuenta de un usuario, siempre y cuando el monto a pagar no sea superior al 40% de la tarifa básica.
Tomando en cuenta que el aumento anunciado para los primeros días del mes de enero del año 2000 estaría entre un 10% y 14%, legalmente el Estado estaría en capacidad de asumirlo, indicó.
Explicó que el Estado como accionista del 49% de estas empresas, recibe dividendos de esta actividad y está en capacidad de dar el uso que crea más conveniente a estos ingresos.
Mientras que el viceministro Quijano manifestó que hay que tener presente que este 49% de acciones podría transformarse en un 39%, ya que un 10% sería vendido a los trabajadores de la institución.
No obstante, indicó que el Estado con las acciones que posee tratará de hacer lo posible para que el impacto a la ciudadanía por el incremento en la tarifa de energía eléctrica sea lo menor posible.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Carlos Sucre, manifestó que no está de acuerdo con una posible revisión de los contratos de concesión a las empresas eléctricas, de telecomunicaciones y combustible.
"Las concesiones otorgadas fueron dadas mediante contratos, independientemente de lo que los panameños pensemos a favor o en contra, de las privatizaciones y de las concesiones que se dieron, nosotros tenemos como país que respetar esos contratos", declaró.
Sostuvo que la legalidad es el principio mediante el cual funcionan las economías, así como las inversiones nacionales y extranjeras.
"Revisar esos contratos al margen de la ley, sería un error que afectaría el desarrollo económico de Panamá y las inversiones", subrayó Sucre.
