Estado pagará millones en indemnización a obreros

El Panamá América
El Estado anunció ayer que acatará el fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo condena por el despido de 270 servidores públicos, que -hace más de una década- ordenó el ex mandatario Guillermo Endara por su supuesta vinculación con la intentona de golpe de Estado liderada por militares el 5 de diciembre de 1990.
Con los despidos, el Estado panameño violó los derechos de garantías y protección judicial, además de la libertad de asociación de los funcionarios, establece el fallo de la CIDH. Sin embargo, la sentencia también señala que no se violó el derecho de reunión.
El Estado deberá cancelar a cada uno de los empleados la suma de B/. 3 mil en un plazo de 90 días y al conjunto de ellos, B/. 120 mil, en concepto de gastos y costas derivados de todo el proceso legal, determinó la Corte.
Mientras que la presidenta Mireya Moscoso dijo que el Gobierno es responsable y efectuará los pagos que ordenó la CIDH, además de las indemnizaciones que -según la mandataria- suman unos B/. 17 millones. La gobernante señaló que en el Consejo de Gabinete de hoy se buscará la forma de enfrentar el mencionado pago.
Moscoso también desmintió al vicecanciller Harmodio Arias III, quien aseguró que se utilizarían los fondos que estaban destinados para el sector Salud, y otras áreas de inversión social, para pagarle a los funcionarios despedidos.
Mediante un comunicado de la Cancillería, el Gobierno expresó "su decepción" por el fallo de la CIDH, porque esta corporación judicial no tuvo en cuenta que las "medidas excepcionales" adoptadas con dichos funcionarios fueron "necesarias para defender la incipiente democracia panameña y para preservar la integridad constitucional".
La Corte condenó a Panamá al pago de los salarios caídos dejados de percibir durante 10 años y de otros derechos laborales que correspondan reconocer, según la legislación panameña, tal como lo solicitaban los demandantes.
Esas sumas deberán ser canceladas en un plazo de 12 meses, a partir de la notificación de la sentencia, que fue ayer.
Además, se ordenó la reinstalación de los destituidos en sus puestos. Si el reintegro no fuera posible, el Estado debe brindar alternativas de empleo que respeten las condiciones y salarios que tenían al momento de ser despedidos, además de pagar una indemnización que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo, como lo establece la legislación panameña.
En tanto, el comunicado de la Cancillería agregó que los magistrados de la CIDH no otorgaron una etapa de fijación del monto de las reparaciones, por lo cual el Estado panameño presentará ante ese tribunal internacional una petición para aclarar el contenido de la sentencia, dentro del plazo de 90 días que tiene para hacerlo.
Sin embargo, los funcionarios afectados estiman que debían recibir una compensación de B/. 200 millones.
En tanto, Alfredo Berrocal, vocero de los afectados, indicó que se trató de vincular a los trabajadores con una asonada golpista, lo cual es totalmente falso. "El Estado panameño va a tener que pagar indemnizaciones millonarias, por la testarudez y tozudez de algunos políticos desubicados que no quieren entender que el trabajo es un derecho humano internacionalmente reconocido y, pese a ello, se siguen despidiendo funcionarios por intereses políticos", dijo Berrocal.
Mientras que el ex mandatario Guillermo Endara insistió en que los 270 funcionarios "están bien botados", porque atentaron contra la democracia de Panamá.
Sostuvo que los magistrados de al CIDH fallaron contra Panamá por presiones de los trabajadores y porque eso les favorece en sus aspiraciones personales para obtener otros puestos públicos en sus países de origen, o en la "burocracia internacional".
Mientras que el contralor Alvin Weeden sostuvo que para pagar las demandas de los funcionarios despedidos "no hay más remedio que sacrificar inversiones públicas cuantiosas".
"Se retrasa el desarrollo socioeconómico del país y todos los planes de inversión, de manera que definitivamente perjudica la economía nacional", apuntó Weeden.