Una demanda de mayor cuantía, por un monto de B/.6 millones, fue presentada por el Estado contra un grupo de empresas por presuntos daños y perjuicios durante la elaboración del proyecto de riego Remigio Rojas, en Alanje, Chiriquí.
A través del decreto No. 1 de 19 de enero de 2007 el Organo Ejecutivo autorizó al Ministerio Público para presentar una demanda contra las empresas Consorcio Hidrotec Limitada Ingenieros/consultores, F. Icaza y Cía S.A. y la Aseguradora Mundial S.A.
El recurso fue presentado luego que las empresas se comprometieron a elaborar un estudio de factibilidad para el desarrollo de un programa de rehabilitación del sistema de riego. Sin embargo, tras iniciar los trabajos se detectó que los diseños no se ajustaba a la realidad, lo que obligó al Estado a incurrir en nuevos gastos para la realización del proyecto.
Rita Huertas, de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos, indicó que aunque estos dueños de locales tengan derechos, lo primordial es preservar la vida de los panameños.
"Es importante que diariamente se visite estos locales, para conocer cual es su estado y así garantizar el derecho que tienen las personas a recibir alimentos bajo estrictas normas de salubridad", añadió.
La Defensoría ya ha recibido quejas de dueños de locales que han sido cerrados, por el MINSA.
Entre los negocios cerrados están: Las panaderías La Moña, en Brisas del Golf, y Alberto, en Villa Guadalupe; los restaurantes Jenny, en Paraíso, y Jeili, en San Antonio; el taller González y la tapicería Nini, ambos en Moya; y la fábrica de platanitos y mafá en Paraíso.
El MINSA le da a los locales un plazo de 15 días para mejorar las condiciones sanitarias, pero si no las acatan son cerrados definitivamente.
