Las empresas telefónicas Cable and Wireless y Bell South advirtieron anoche que interpondrán sendas demandas ante tribunales internacionales en contra del Estado panameño, si la modificación a la Ley 31 de 1996 que regula el campo de la telefonía celular en Panamá, es aceptada por la Asamblea Legislativa.
Carlos Cordero, secretario general de la Junta Directiva de Cable and Wireless, dijo que la adición del artículo 36 de la Ley 31, impulsada por el legislador y primer vicepresidnete electo Arturo Vallarino, busca permitir a empresas que posean una licencia comercial tipo B el uso de ciertos equipos, programación y tecnología para explotar servicios de tipo A, como la telefonía celular.
Con lo anterior, concesionarios de licencia tipo B sin haber realizado ningún pago al Estado y en violación a los derechos adquiridos por los concesionarios podrían brindar el servicio de telefonía celular.
"Se trata de obligaciones contractuales de Panamá que serían violadas, lo que provocaría problemas de imagen al país y expondría al Estado a responsabilidades civiles y a demandas por cientos de millones de dólares", destacó.
La iniciativa señala que los operadores de concesiones de tipo B podrán utilizar cualquier equipo, programación y tecnología en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, siempre que se limiten a prestar sus servicios usando las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas a las concesiones tipo B.
La empresa británica Cable and Wireless y la estadounidense Bell South ganaron las licitaciones para operar los servicios de telefonía celular, luego de ofrecer B/.72 millones 200 mil al gobierno panameño y de comprometerse a un programa de inversiones para extender el servicio de celulares y teléfonos por todo el país.
Cordero añadió que este artículo en apariencia inofensivo acarrearía responsabilidades económicas al Estado, constituiría una violación al principio de seguridad y estabilidad jurídica consagrado por la Ley 54 de 1998, además de que promovería la competencia desleal y favorecería a los concesionarios tipo B.
Mientras Guillermo Inchausti, gerente general de Bell South, señaló que este artículo es nocivo porque violenta el contrato de concesión y permite que alguien sin participar en una licitación y sin pagar B/.72 millones ofrezca el servicio celular.
