Panamá podría ser demandada ante organismos internacionales que velan por la defensa de los derechos del menor, si aprueba leyes que los juzguen como adultos, advirtió ayer La Red por la Paz y Seguridad Democrática.
Panamá al reformar la Ley 46 de 2003, violaría la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, el Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño del 2000 y más reciente las modificaciones a la Ley 40 del 2003.
Además, violentaría normas constitucionales que señalan que el menor no será tratado de la misma manera que los adultos.
La Defensoría del Pueblo, UNICEF, el Tribunal de Adolescencia y la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia, defienden la resocialización del menor y que no sean penalizados como adultos.
La presidenta del Tribunal Superior de la Niñez y la Adolescencia, Esmeralda de Troitiño, señaló que Panamá sería demandada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
"No abogamos por la impunidad de los muchachos, sino porque se les sancione según su condición", dijo.
zzzEn tanto, la presidenta Mireya Moscoso llamó ayer a nuevas sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa para discutir, como único tema, el proyecto de ley que autoriza que los menores sean condenados hasta por 20 años de prisión.
Mientras el defensor del Pueblo, Juan Tejada, señaló que la criminalidad hay que combatirla sin procurar ganarse el aplauso fácil.
"Cuando apostamos a la Policía corremos el riesgo de que nuestras garantías sean pisoteadas", advirtió.
Aseguró que por cinco años la Policía no ha logrado erradicar la delincuencia y menos lo hará ahora con una acción improvisada.
