Los derechos humanos de las 1,155 personas afectadas con el dietilenglicol fueron violados por el Estado, al no divulgar ni la Caja de Seguro Social (CSS) ni el Ministerio de Salud el nombre de las víctimas para una atención de salud integral, tal como lo establece el artículo 25 de la Carta Internacional de Derechos Humanos,
El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, señaló “que por acción y omisión el Estado ha violado los derechos humanos de estas personas”.
Vargas advirtió que la Defensoría ya está coordinando un protocolo de atención de los pacientes intoxicados con el fin de que se les brinde la asistencia que requieren.
Mientras que los representantes de las víctimas del envenenamiento por dietilenglicol Gabriel Pascual y Mixila de Ciniglio, se reunieron con una comisión del Ejecutivo, encabezada por el ministro de Salud, Franklin Vergara. El ministro adelantó que el Gobierno analiza la posibilidad de establecer un centro especial para atender a las víctimas del envenenamiento que pudiera funcionar en el antiguo edificio del hospital oncológico ubicado en la Justo Arosemena.
