Por su parte, Víctor Juliao, en un comunicado, informó que el jueves 22 de julio la Embajada de Estados Unidos le hizo llegar a su residencia una nota firmada por la Cónsul General, indicando que la visa le había sido revocada "bajo la Sección 212 (f) del Acta de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos".
La nota informaba que esta sección de la ley suspende la entrada a Estados Unidos de personas envueltas en actos de corrupción tan notorios y tan dañinos que tienen o han tenido serias y adversas consecuencias en la actividad económica internacional de este país.
Juliao manifestó que preparó una nota-respuesta a la Embajada en la cual señalaba "que el criterio de esta sección de la ley no aplica ni describe mi bien establecido proceder como ciudadano, ni mi desempeño político o profesional".
En la nota agrega que "desconociendo la razón de esta extraña acción, me es imposible responder".
Juliao fungió como director general de Cemento Bayano, ex ministro de Economía y Finanzas y de Obras Públicas, comisionado del Ente Regulador y como precandidato presidencial por el Partido Arnulfista.
Sostuvo que la posición adoptada como funcionario le ha traído una gran cantidad de enemigos en muchos sectores políticos y económicos, ya que lo consideran un obstáculo a sus pretensiones.
Por su parte, René Hernández, vocero de Juliao, reveló que éste fue presionado por empresas norteamericanas durante la construcción del segundo puente sobre el Canal de Panamá.
Dijo que Juliao actuó con rectitud y no accedió a las presiones de sectores norteamericanos, que creen que tienen derecho a hacer lo que quieren en Latinoamérica.
Este diario trató de conseguir una versión de la presidenta Mireya Moscoso en un acto en el Palacio de Las Garzas, pero la mandataria salió rápidamente del recinto junto a miembros de su gabinete.
De igual forma, Juliao no respondió a la llamada efectuada por El Panamá América, mientras que en el comunicado manifestó que guardaría silencio hasta tanto la Embajada le explicara a profundidad su decisión.
En septiembre de 2002 se anunció que el Estado podría entrar en un litigio por más de un millón de balboas con el consorcio Louis Berger International Group-TY Lin y su empresa aseguradora, luego de la anulación del contrato para el diseño de los planos del segundo puente sobre el Canal de Panamá.
Para esta fecha, Juliao fungía como ministro de Obras Públicas y tenía a su cargo los primeros pasos para la realización de la obra.
El Gobierno debió iniciar un litigio por los B/. 500 mil que adelantó al consorcio para desarrollar el proyecto y que éste se negaba a devolver, bajo al argumento de que se le impusieron trabas para cumplir con el contrato y porque había hecho algunos gastos.
Juliao confirmó en ese entonces que se rescindió el contrato a Louis Berger International Group-TY Lin y afirmó que el MOP debió iniciar un litigio para recuperar los dineros antes mencionados que le correspondían al Estado.
Según informes recabados por este diario, el director nacional de proyectos del MOP, el hermano del ministro, Alvaro Juliao, y un representante de Louis Berger, se reunieron por más de tres horas con la Internacional de Seguros (IS) para exigir que se cancelara la fianza de cumplimiento, sin embargo, la aseguradora advirtió que no entregaría el dinero porque el ministerio incumplió con los plazos para informar sobre la anulación.
Por otro lado, fuentes vinculadas al consorcio se quejaron que el MOP entorpeció su labor al contratar a Cowi Engineers and Plannes, que quedó segunda en la puja por la adjudicación del diseño, para que sirviera como supervisora de los trabajos de la empresa que le había ganado.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
