Ana Martínez* estaba lista para comprar el boleto de un crucero que la llevaría por todo el Caribe y Miami a principios de 2014. Sin embargo, su ingenuidad hizo que 4,000 dólares, ahorrados en tres años, se fueran por la borda tras contestar varios correos electrónicos que le comunicaban que se había hecho acreedora de una herencia millonaria.
Ana, confiada en que pasaría el resto de su vida sin trabajar, dio sus datos y el número de su cuenta bancaria, por lo que los estafadores aprovecharon para desviar dinero a una cuenta hacia un país de Sudamérica.
Otro caso ventilado en Panamá es el de Carmen Ramírez *, una jubilada de clase media alta que por querer comprar una obra original del estadounidense Andy Warhol, perdió 10,000 dólares tras hacer un desembolso en línea. Ramírez recibió su Warhol 10 días posterior al pago, pero sin las características (tamaño, técnica, enmarcado, etcétera) anunciadas en la supuesta subasta cibernética en la que participó y con un valor de no más de 100 dólares.
Al igual que estas mujeres, otras 116 personas han sido estafadas de esa misma forma, en lo que va del año 2013 en Panamá, según Nayra Fernández, fiscal superior especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática.
Y es que en los últimos años, comenta Fernández, la estafa cibernética se ha incrementado por la falta de conocimiento en temas de seguridad electrónica de los usuarios y las facilidades tecnológicas con las que cuentan las personas que se dedican a estos ilícitos.
Según una fuente judicial de entero crédito que no quiso revelar su identidad, solo en 2012 las víctimas de estos “ciberfraudes”, en Panamá, fueron despojadas de 101,000 dólares. Ese año se iniciaron apenas 41 procesos, mientras que de los 177 ciberdelitos que han sido denunciados en 2013, 118 son por estafas electrónicas.
A pesar de que nuestro país adoptó medidas judiciales contra estas fechorías con la modificación del Código Penal Procesal en 2008, solo se han dictado 8 sentencias.
Esto, comenta la fiscal Fernández, obedece a que Panamá no cuenta con un soporte técnico moderno para investigaciones de ese rango y porque en la mayoría de los casos, los delincuentes realizan las fechorías desde otras latitudes.
“No hay tantas condenas porque nuestra investigación tiene una deficiencia y es que la información que requerimos de países de afuera, la tenemos que manejar a través de asistencia paranacional. En Panamá no es donde está la mayoría de los servidores o las personas que pueden haber participado en este tipo de delitos, mientras recabamos esa información que viene de afuera, pasa mucho tiempo”, sostiene.
Hay delitos electrónicos no tipificados en Panamá
Adicional a esta deficiencia jurídica hay otras conductas o delitos cibernéticos que se practican en Panamá, pero que aún no están tipificados. “Es el caso del ciberbulyin o acoso cibernético que consiste en hostigar, perseguir o molestar a otras personas a través de las redes sociales, correos electrónicos o cualquier medio electrónico”, sostiene el exfiscal Ramiro Esquivel.
Esquivel asegura que los insultos por Facebook y las difamaciones por Twitter tampoco son consideradas por el Código Penal Procesal panameño. Son castigados con cárcel, la estafa electrónica, la pornografía infantil, la suplantación de identidad y la inviolabilidad del secreto.
“La suplantación es cuando un individuo abre una cuenta utilizando el nombre y los datos de otra persona y se dedica a difamar a alguien u obtiene información que no le sería proporcionada si utilizara su verdadera identidad”, explica Ramírez.
Mientras que Fernández afirma que “el delito de inviolabilidad consiste en meterse a la cuenta de alguien y sacar información o divulgarla sin permiso previo”. La fiscal Fernández contó que un caso específico fue el de una joven que publicó fotos del escritorio del puesto de trabajo de una compañera que por error dejó abierto su Facebook. La intrusa subió al muro ajeno fotos en ropa paraior de su colega sin su consentimiento. “Por su acción, la chica fue despedida, aunque la afectada no quiso denunciarla”.
Por su parte, el sociólogo Roberto Pinnock explicó que el crecimiento de la tecnología y el acceso de las masas a esta aumentará los delitos de este tipo si no existen controles previos. “Es tal como una sociedad que aumenta de población. Si no hay control social, se incrementan los crímenes y los robos, así mismo debemos ponerle atención al mundo tecnológico”, sostuvo.
Pedófilos ‘on line’
Después de las estafas en línea, la pornografía infantil es la segunda transgresión de este tipo más cometida en nuestro suelo. Este año han sido denunciados 30 casos. Al igual que las estafas, casi todos los autores materiales son foráneos.
“Ocurre que la mayoría de las personas acusadas de cometer esta falta son de otras nacionalidades; también hay extranjeros que viven o están de paso por Panamá, aunque eso no quiere decir que no haya algún panameño detenido o bajo investigación por esta anomalía”.
La pornografía infantil por paranet consiste en mostrar videos, fotos de desnudos a través de redes, correos o chats a menores de edad e incluso hablarles o incitarles a través de estos medios a tener o practicar sexo. La pena por esta conducta va de 3 a 5 años de prisión.
Pero ocurre también que hay pedófilos por todas partes del mundo. A esas personas se les da un seguimiento y se le notifica a las autoridades del país de origen del delincuente y allá se le levantan procesos judiciales, argumenta la fiscal.
En el caso de los delitos cibernéticos a nivel corporativo e institucional, el Código Penal panameño penaliza a “quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, red o sistema informático con dos a cuatro años de cárcel”.
