EU espió los teléfonos de altos funcionarios de Pérez Balladares

Los servicios estadounidenses de información grabaron conversaciones telefónicas de altos funcionarios del gobierno del expresidente panameño, Ernesto Pérez Balladares, sospechosos de estar involucrados en la venta de visas a ciudadanos chinos, según indicó ayer el diario The Miami Herald.
El periódico, que cita fuentes bien informadas de Washington, señaló que el escándalo de la venta de visas fue descubierto primero por la embajada de Estados Unidos en Panamá, por conversaciones interceptadas de Samantha Smith, la jefe de los servicios panameños de información.
En estas grabaciones, Smith aparentemente discutía los arreglos para vender visas panameñas a ciudadanos chinos, cuyo destino eventualmente era Estados Unidos, a través de la frontera mexicana, según el diario de Miami.
Eventualmente, los servicios norteamericanos de inteligencia grabaron las conversaciones de otros cinco altos funcionarios y allegados íntimos del expresidente Pérez Balladares, "sospechosos de estar involucrados en la venta de visas.
The Miami Herald reconoce que estas revelaciones podrían dañar "unas ya tensas relaciones entre los dos países". Pérez Balladares dejó el martes la Presidencia al asumir el cargo Mireya Moscoso, quien ganó las últimas elecciones. Entre los acusados por la embajada estadounidense, gracias a las interceptaciones telefónicas, según The Miami Herald, figura la mayor parte de "la crema y nata" del gobierno de Pérez Balladares, empezando por Gabriel Castro, el asesor más allegado del presidente, quien ejerció como contralor general y que había ocupado también el puesto de Jefe de inteligencia.
Entre los otros funcionarios supuestamente involucrados en el escándalo, según la embajada y que cita el diario de Miami, aparece también Rómulo Abad, secretario personal del expresidente de Panamá y descrito por varios funcionarios panameños como su mano derecha.
Con base en los informes de sus servicios de información, la embajada de EU en Panamá acusó a los funcionarios panameños de vender visas a 15.000 dólares cada uno a ciudadanos chinos que no tenían ninguna intención de hacer turismo o quedarse en ese país. Su meta era introducirse ilegalmente en Estados Unidos.