Estados Unidos impedirá la entrada en el país, como inmigrantes o visitantes, a aquellas personas que estén involucradas en casos de corrupción pública, según una proclamación del presidente George W. Bush difundida ayer.
En la proclamación, publicada antes de la cumbre extraordinaria de las Américas, Bush afirma que la medida tiene por objetivo restringir la capacidad de movimiento de los corruptos y "fortalecer las instituciones democráticas y los sistemas de libre mercado".
Los afectados por esta medida presidencial, cuya entrada en vigor es inmediata, serán aquellos individuos cuyas acciones "tengan efectos adversos graves en los intereses nacionales de EU".
En estos intereses se incluyen las actividades de los empresarios estadounidenses, los programas de asistencia, la seguridad de EU frente al crimen transnacional y el terrorismo, y la estabilidad de las instituciones democráticas y de las naciones.
Washington es partidario de que la cumbre de las Américas adopte medidas concretas contra la corrupción, incluida la expulsión de la Organización de Estados Americanos (OEA), iniciativa que ha chocado con la oposición de algunos gobiernos latinoamericanos.
Fuentes de la Casa Blanca afirmaron, no obstante, que la decisión de hacer esta proclamación en estos momentos "no está directamente relacionada" con la celebración de la cumbre de Monterrey.
Bush afirma que adopta esta medida "para restringir los viajes internacionales y suspender la entrada en EU (...) de personas que han cometido, han participado o se han beneficiado de casos de corrupción en el desempeño de un cargo público".
La proclamación detalla los casos en los que se adoptará esta medida, que afecta tanto a los funcionarios públicos que se dejan corromper, como a las personas que les corrompen en casos de malversación de fondos públicos, soborno, cohecho y prevaricación.
Se especifica también que se prohibirá la entrada en EU de "las esposas, hijos y familiares dependientes de las personas citadas, que sean beneficiarias de cualquier artículo con valor monetario u otros beneficios obtenidos por estas personas".
Será el Departamento de Estado el que establecerá los mecanismos necesarios para aplicar de manera efectiva la proclamación.
Las fuentes de la Casa Blanca subrayaron que la iniciativa "forma parte del compromiso adoptado en las reuniones del G8 para negar refugio seguro a las personas culpables de casos de corrupción" y que "el objetivo es que beneficie también a otros países".
