Moscoso, quien participó en la celebración de las fiestas de Santa Librada en Los Santos, dijo que EU le solicitó a Panamá que decida si negociará el TLC tomando como base el tratado firmado por Estados Unidos con Chile, Singapur o Centroamérica.
“Ya nos pidieron (EU) que por favor se decidiera rápido, lo estamos estudiando para empezar entonces a conversar”, sostuvo Moscoso. Agregó que la propuesta de Panamá sería llevada a EU el próximo mes.
Informó, además, que en agosto funcionarios panameños viajarán a Taiwan para firmar un TLC, que es muy importante para Panamá.
Añadió que se espera firmar el tratado dentro de la cumbre regional donde participarán todos los presidentes centroamericanos.
De acuerdo con Carrasquilla, a pesar de que la ley que creó la PTJ ha sido reformada varias veces no cuenta con una reglamentación de escalafones, donde se establezca qué requisitos y grado académico debe tener un miembro de esa institución para clasificarlo y asignarlo, según su especialidad, dentro de los distintos departamentos de la entidad.
"El grado de capacitación y profesionalismo que tenga un investigador de la PTJ se verá reflejado en los resultados de los casos investigados", sostiene Carrasquilla.
Según Innis, se debe ser más competente a la hora de seleccionar a los agentes de investigación. Agrega que para ser investigador policial se debe contar con un currículum con estudios en crimen y justicia, justicia juvenil, corrección en todos sus aspectos contemporáneos y entrenamiento contra el terrorismo.
Destaca que el nombramiento de los detectives y de cualquier asesor en materia de criminalidad debe ser política de Estado y no del gobierno de turno.
En tanto, Carrasquilla plantea que otro problema que enfrenta la PTJ es la escasez de personal, debido a que sólo cuenta con unas 10 parejas de detectives en la ciudad capital y con 10 unidades en el interior del país para resolver los delitos que se investigan.
Otro aspecto que destaca el criminólogo Carrasquilla que limita las investigaciones policiales es la falta de equipos.
En ese sentido, explicó que aunque la PTJ cuenta con ciertos equipos científicos y tecnificados, aún falta equiparla con más recursos ante un mundo globalizado y en constante innovación en el campo de investigación criminal.
Carrasquilla apunta que no cree que los detectives no sepan recabar pruebas en una escena del crimen, pero lo que sí es preciso mencionar es el mal manejo que se le da antes de que estos especialistas acudan a la escena por parte de las unidades de la Policía Nacional, civiles y periodistas que se introducen en el lugar del homicidio alterando pruebas fundamentales.
Para el criminólogo, la no resolución de los casos delictivos conlleva una serie de consecuencias, en varias vías, una de ellas es la ciudadanía en general que observa un sistema inoperante, corrupto e ineficiente, generando el linchamiento de los delincuentes como ha ocurrido en otros países.
Advierte que por otro lado el Estado al observar la poca respuesta que se le puede dar a algunos casos cae en situaciones corruptas a fin de obtener una solución forzosa de las investigaciones. Como ejemplo de esta última situación, señala el caso del ex cónsul Manuel Ciérvides, cuya muerte ocurrió en Las Cumbres.
Uno de los factores primordiales, que a juicio de Carrasquilla, generan en diligencias infructuosas en la investigación criminal por parte de los fiscales, es la disputa que existe entre el Ministerio Público y la PTJ. Ambas entidades caen en el absurdo de "quién es el subordinado de quién y quién es el que debe investigar".
Para el experto, la PTJ es la encargada de las investigaciones preliminares cuando existen indicios que se está realizando un hecho delictivo.
Una vez recabadas las pruebas, la PTJ debe informar al Ministerio Público para que realice el auto de declaración indagatoria y posteriormente decida si existe mérito o no para una detención preventiva.
Indica que el hecho es que muchas veces la PTJ realiza investigaciones o mantiene detenciones mayores a las 24 horas, incumpliendo con el debido proceso establecido en la Constitución Política, o sin poner en conocimiento al Ministerio Público. Situación similar ocurre con la Policía Nacional, sobre todo con los miembros de la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP).
El experto señala que no cabe duda que muchas investigaciones no llegan a su final, porque las víctimas no aportan las pruebas, desisten de la denuncia o bien porque recuperaron el bien robado o hurtado, o en los casos de homicidios, muchos por temor a que le hagan algún daño no quieren ser testigos y brindar una declaración jurada para vincular al sospechoso con el hecho.
Agrega que Panamá como país chico en territorio y subdesarrollado no cuenta como, por ejemplo, Estados Unidos con un gran presupuesto en materia judicial para cambiarle la identidad a los testigos y mandarlos lejos del radio de acción donde ocurrió el crimen, manifestó Carrasquilla. Para James Innis no hay una política de seguimiento a los delincuentes cuando éstos salen de las prisiones ni tampoco se estudia el modus operandi de cómo se cometen los más sonados crímenes en Panamá.
Indica que en caso de las pandillas no se les da un seguimiento ni se investigan sus modos operandi, adiestramiento y formas de vestir de sus adeptos. Las autoridades siempre se limitan a informar la cantidad de pandillas que existen en el país, dijo Innis. En cuanto a la actuación del Organo Judicial en la lucha contra el crimen, Carrasquilla destaca que esta corporación debe ser "despolitizada" o de lo contrario el común de la gente seguirá pensando que el que está preso es aquel que no tiene influencia en el Organo Judicial.
El experto señala que una de las grandes interrogantes que deben hacerse las autoridades de la Corte Suprema de Justicia es cómo, a pesar de haberse creado más juzgados penales y civiles, no aumentan los casos resueltos y tampoco disminuye la población penal.
También recomienda, a mediano plazo, que estos nuevos funcionarios adiestren en forma intensiva en un período de un mes a todos los detectives de la PTJ en materia de criminalidad.
Por su parte, Carrasquilla propone que para que se resuelvan más ágilmente los casos, producto de la criminalidad y la delincuencia en general en Panamá, debe existir un reglamento de escalafón en la PTJ para que las personas que realicen las investigaciones sean las más idóneas al momento de investigar un hecho criminal.
Deben consolidarse esfuerzos para conseguir ayuda o cooperación tanto en equipo como en adiestramiento en materia de investigación criminal, con los países desarrollados con que Panamá guarda buenas relaciones, y se vea reflejado en el funcionamiento de la P.T.J, recomienda el experto.
También señala que debe existir una coordinación constante entre todos los estamentos de investigación, administración de justicia y los sistemas penitenciarios para agilizar el trabajo al momento de investigar los delitos.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
