Washington.- El gobierno de Estados Unidos ha reiterado su deseo de ayudar "en lo posible" a las gestiones de una comisión panameña dedicada a investigar la existencia de "desaparecidos" y otros actos de violencia que azotaron al país entre 1968 y 1989. Esta promesa fue extendida a funcionarios de la agencia oficial a cargo de la desclasificación de los documentos, llamada Archivos de la Nación, según aseguraron esta semana a representantes de la Comisión de la Verdad que visitan Washington.
La delegación panameña, integrada por Alberto Almanza, presidente de la Comisión, y Ana Matilde Gómez, jefa de la sección legal, se reunió con el National Security Archives, un organismo no gubernamental que se especializa en llevar al conocimiento público documentos que aún permanecen "clasificados" por el gobierno, a pesar de reiteradas declaraciones, especialmente del gobierno de Bill Clinton, que todo debiera hacerse público en el menor plazo posible.
"Hemos recibido toda la cooperación necesaria tanto del uno como del otro," declaró Almanza a El Panamá América hablando desde su hotel ayer a la tarde. "Teníamos pensado ir al Departamento de Estado, pero no fue necesario porque todos se nos facilitó", agregó.
Germán Bravo, el encargado de negocios de la embajada, confirmó que todos los organismos involucrados en la recopilación de documentos "ofrecieron su más plena colaboración" en la labor de la comisión, cuyo objeto, dijo, es recrear un "fehaciente cuadro histórico" de lo sucedido durante ese periodo de más de dos décadas.
Sin embargo, expertos en la recuperación de la documentación clasificada temen que la comisión panameña tendrá "un rudo despertar" ante la magnitud de la tarea que les espera, comparado con la manera en que se formó el grupo que inicialmente fue creado por tres meses y que luego fueron extendidos por otros tres. Sólo una de las colecciones que contiene los detalles de los programas de entrenamiento de la Guardia Nacional por parte de la Agencia de Ayuda Internacional del Departamento de Estado contiene tres millones de documentos, según un archivista.
"Nos dijeron que están interesados en obtener toda la documentación posible desde el golpe de Estado que lanzó al poder a Omar Torrijos hasta la caída de
