Huelgas de hambre, protestas en lo más alto del Puente de las Américas y varios meses de vigilia, a pesar de las inclemencias del tiempo, son algunas de las medidas extremas que adoptaron -en los últimos 18 años- los afectados por la Ley 25 de 1990.
De los 270 ex trabajadores despedidos durante el gobierno de Guillermo Endara, bajo la acusación de conspirar para dar un golpe de Estado, 187 firmaron hasta ayer, el finiquito por el cual aceptan el pago de B/ 21.9 millones que ofreció este Gobierno.
Esto pone fin a una larga disputa legal, donde 16 ex trabajadores fallecieron sin lograr ver resarcidos todos los derechos que les fueron conferidos por un tribunal internacional.
Indemnización.
En un inicio, los afectados reclamaban casi B/ 60 millones de indemnización en salarios caídos, vacaciones y seguro social, por lo cual 30 de estos ex trabajadores rechazaron la última propuesta y advirtieron que seguirán con su lucha.
El Gobierno les prometió el pago de B/ 6.9 millones este año, mientras que los B/ 15 millones restantes serán pagados entre 2009 y 2011, a razón de B/ 5 millones por año.
César Aparicio, uno de los afectados, denunció ayer, que el Gobierno prácticamente obligó a los ex empleados a firmar el documento, por lo cual seguirán mostrando resistencia.
Aparicio hizo hincapié en que en esta negociación el Gobierno excluyó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, como garante de cualquier acuerdo con los ex trabajadores, tal como se acordó.
Esto, según Aparicio, es motivo suficiente para que la Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado a pagar las indemnizaciones en 2001, no avale estos acuerdos.
Contrario a esto, Rolando Miller, otra de las víctimas, dijo que aceptaron voluntariamente la propuesta que " es más justa y más equitativa" que las anteriores.
Protestas.
En octubre de 2005, Erick González, Rodolfo Vence, Rubén Guevara y Javier Muñoz, subieron a lo más alto del Puente de Las Américas para exigir el pago de sus indemnizaciones, exponiendo sus vidas.
Esa hazaña la volvió a repetir un año más tarde, Erick González, quien permaneció en las estructuras del Puente de las Américas por más de 30 horas.
La batalla fue llevada hasta San José Costa Rica, donde un grupo de trabajadores protestó frente a la CIDH en varias ocasiones, con el fin de que ese tribunal exigiera a Panamá el cumplimiento de la sentencia dictada en el año 2001 en favor de 270 trabajadores estatales despedidos en 1990.
