La ex jefa del departamento de Secuestro y Embargo del Registro Público, Manuela Acosta de Aguilar, rindió ayer declaración jurada ante el Ministerio Público, tras las irregularidades denunciadas por los abogados Guillermo Cochez y Víctor Martínez, por la dilatación en la inscripción de la finca Farallón.
Según Cochez, la ex funcionaria levantó el secuestro de la finca siguiendo instrucciones de sus superiores, pese a que la orden que mantenía en su poder del Juzgado de Familia no tenía firma de la juez.
"La orden la recibió a las 5:53 de la tarde del 10 de agosto del 2007 y la inscribió a las 7:06, rápidamente y obviando que no tenía la firma que certificara que era una solicitud del juzgado", señaló. El abogado indicó que cada vez que se levante un secuestro se debe pagar B/ 250, pero los recibos de pago no aparecen en el Registro Público.
