Un grupo de ex trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) destituidos mediante la ley 25 de 1990, piquetearon la sede de la Cancillería, para exigir el cumplimiento del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Manrique Mejía, vocero de los manifestantes, aseguró que el gobierno ha incumplido el fallo que obliga al Estado a pagarles unos B/.25 millones en indemnización por su destitución "injusta".
Mejía aseguró que el gobierno ha incumplido con el procedimiento establecido por la Corte internacional.
Explicó que si el gobierno no cumple con su obligación se verán en la necesidad de denunciar al Estado nuevamente ante la Corte, con sede en Washington, EE.UU., para que se tomen acciones y así lograr el pago.
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