Menos de 48 horas le duró la libertad al ex ministro de Educación Belgis Castro, luego de que el Fiscal Segundo Anticorrupción, Ramsés Barrera, le revocara una medida cautelar de casa por cárcel.
La Corte Suprema de Justicia había concedido la medida cautelar de casa por cárcel a Castro el pasado sábado, pero al día siguiente éste acudió a un acto en la sede principal del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en conmemoración del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 y ayer participó en una entrevista de un programa de televisión.
Estas dos acciones, fueron calificadas por el fiscal Ramsés Barrera como una violación a la orden impartida por la Corte Suprema de Justicia de mantenerse en su residencia.
Por ello, el fiscal Barrera presentó una petición a la Corte para que se le revocara la medida cautelar de casa por cárcel.
A través, del oficio N.º CSJ-SG-1547-09 la Corte contestó al Fiscal que correspondía a su despacho tomar una decisión, por lo que éste tomó la decisión de ordenar su traslado a un centro penitenciario.
Barrera fundamentó su decisión en que Castro fue debidamente notificado de la orden de la Corte de no abandonar su residencia, la cual el ex funcionario desatendió.
De acuerdo con Barrera, las acciones de Castro fueron una clara violación a la decisión emitida por la Corte y por ello su despacho decidió aplicarle una medida cautelar más dura.
“Castro no tuvo reparo en violar la orden y en estos casos el Código Judicial establece la aplicación de medida cautelares más severas”, explicó.
Castro fue llevado anoche a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y para el día de hoy debe ser trasladado a un centro penitenciario.
El abogado Higinio Aguirre, defensor de Castro, dijo que su cliente no fue notificado en debida forma de las medidas cautelares aplicadas.
En tanto, la procuradora, Ana Matilde Gómez, aseguró que las acciones de Castro fueron "un desafío peligroso", porque cuando la justicia cree en una persona y le sustituye la medida más grave que es la detención preventiva por otra alternativa, ésta no debe desafiar la autoridad, indicó.
Gómez dijo: "Comprendo que él estaba notificado por la nota que llegó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de cuáles eran las restricciones que tenía".
Lo que correspondía al Ministerio Público es poner en conocimiento de la Corte cuanto antes lo que podría ser un acto de desacato para que la autoridad competente tome las acciones del caso.
Aseguró que si estaba en conocimiento de las cosas que no debía hacer, entonces se pregunta es por qué lo hizo.
