La Corte Suprema de Justicia explicó ayer que la variedad de recursos legales presentados desde el 19 de junio de 2002 hasta el 13 de mayo de 2005, en el caso de Panama Ports Company (PPC) han imposibilitado a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo emitir un fallo definitivo sobre esta demanda.
El caso reposa en la Corte, desde junio de 2002 cuando la exlegisladora Teresita de Arias y otros, presentaron una demanda de nulidad contra la resolución mediante la cual el Ministerio de Comercio exoneró a PPC del pago de B/.1,200 millones al Estado.
De acuerdo con el comunicado más de 25 acciones legales se han interpuesto en medio de las averiguaciones que realiza la Sala en este caso, lo que ha imposibilitado dar un fallo final.
La explicación de la Corte surge luego que el mandatario Martín Torrijos exhortó a los órganos del Estado, que investigan y juzgan, a que luchen contra la corrupción. El magistrado sustanciador en este caso es Winston Spadafora.
Según el comunicado del máximo tribunal de justicia, a la vez que el expediente principal ha estado en trámite, la firma Morgan & Morgan, representante de PPC, presentó incidentes de recusación en contra de los magistrados Winston Spadafora y Arturo Hoyos, e incidentes de nulidad por falta de legitimidad y oposición de intervención de terceros coadyuvantes, los cuales se manejan en cuadernillos se parados.
En total suman 14 acciones legales de este tipo interpuestas por la citada firma de abogados, según se desprende del comunicado.
El último recurso legal interpuesto en este caso se presentó el 13 de mayo pasado.
