Grupos indígenas organizados exigieron al gobierno que les cancele la indemnización que les corresponde por los daños que causó la construcción de la represa Ascanio Villalaz, la que en 1976 impulsó el general Omar Torrijos Herrera y que se pagaría a través de un financiamiento del Banco Mundial, informó Héctor Huertas, del Centro de Asistencia Popular Indígena.
Explicó Huertas que en el área donde se estableció el proyecto existían, en ese año, 12 comunidades aborígenes compuestas por las etnias Kuna y Emberá Wounnan, por lo que el gobierno de entonces se comprometió a indemnizar en ocho años a los afectados por la obra.
Para ello, Torrijos firmó el Acuerdo de Farallón, en donde afirmó que se haría efectivo el pago porque el embalse para la represa cubriría completamente los 12 poblados indígenas.
Esta indemnización, aseguró Huertas, se pagó durante los primeros tres años, por lo que aún faltan cinco años por cancelar y por ello exigen al gobierno saliente e inclusive al entrante que cumpla con este compromiso.
El dirigente indígena expresó además que el gobierno se comprometió también a darle otras tierras con sus respectivas escrituras, pero hasta el momento ningún gobierno se ha interesado en otorgarle las propiedades y de cancelarle el compromiso firmado en 1976.
Lo curioso de esta situación es que 20 años después, en 1996, el gobierno aprueba a través de la Asamblea Legislativa la creación de la comarca Madungandí y hasta el momento los miembros de la comunidad Emberá no tienen constancia legal de las tierras que ocupan, dijo Huertas.
Igualmente manifestó que otro factor que atenta contra la integridad territorial y cultural de los Emberá, es la creciente invasión de colonos, quienes deforestan la zona que por años han ocupado.
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