Miembros de la Asociación Ecologista Panameña reiteraron su rechazo a la negativa del gobierno norteamericano sobre el saneamiento de los polígonos.
Un comunicado de este grupo ecologista, agrega que las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro, agravan la situación, al indicar que resulta imposible limpiar todos los polígonos, máxime cuando actualmente existen unas 3,175 hectáreas localizadas en Piña, Emperador y Balboa, que no han sido sometidas a los mecanismos de descontaminación por los Estados Unidos.
Señala que la Asociación de Derecho Ambiental y la Comisión Ambiental del Colegio Nacional de Abogados, han efectuado una serie de análisis jurídicos sobre este tema y han dirigido sus inquietudes al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Ritter.
En la misiva al canciller, argumentan que el saneamiento de las áreas militares es estricta obligación del gobierno norteamericano, específicamente el Departamento de Defensa, al tiempo que alegan que el incumplimiento de lo pactado podría discutirse ante los Tribunales Federales de los Estados Unidos.
Subraya además lo establecido como normas legales del Derecho Internacional, según las cuales aquél que contamina debe cumplir con su responsabilidad de saneamiento, en este caso corresponde a los Estados Unidos la limpieza de las áreas contaminadas, ya que en ellas existen restos de municiones esparcidas por su uso.
Las normas legales que acreditan este derecho, están contenidas en las Convenciones Internacionales sobre Derecho Ambiental.
La nota del la asociación destaca que las autoridades panameñas, encargadas de la discusión del tema con los Estados Unidos, no han recibido una respuesta satisfactoria, por lo que exigen al gobierno nacional la adopción de medidas específicas que pongan fin a las diferencias surgidas por el saneamiento de las áreas de tiro. Destacan entre estas medidas los aspectos judiciales que conlleven el cumplimiento de lo pactado, y las indemnizaciones necesarias.
Las exigencias de los ecologistas incluyen la necesidad de que Estados Unidos haga frente a los daños ambientales a los que ha expuesto a nuestro país durante tantos años.
Los firmantes del comunicado advierten sobre los perjuicios a la economía nacional y el turismo, poniendo como ejemplo el caso de la Isla de San José, donde se han detectado posibles artefactos sin explotar.
Reiteran que se mantendrán alerta para que Estados Unidos cumpla con su responsabilidad, al tiempo que hacen un llamado al gobierno de la presidenta electa, Mireya Moscoso, para que interpongan los recursos legales necesarios sin más dilación.
