Los panameños tienen falta de conocimiento del sistema judicial, lo que ha influido en la crisis del Derecho al Acceso a la Justicia, señala un informe de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
"Con frecuencia la ciudadanía no sabe que institución es competente para acudir en una situación determinada. Para la ciudadanía accionar a los aparatos estatales de la administración de justicia es otra burocracia estatal. Eso incide que el Derecho a la Justicia, como una de las garantías de la ciudadanía sea cuestionada", indica el documento.
Agrega que a pesar de que en la Constitución Política de Panamá se establece el Acceso a la Justicia como uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ese derecho no está siendo ejercido realmente por la ciudadanía.
"No existe de parte del Estado, de las facultades de Derecho, ni del Colegio Nacional de Abogados, una política de información a la ciudadanía sobre sus derechos en forma permanente, lo que se traduce, además, en el desconocimiento de la competencia de las instituciones estatales encargadas de administración de justicia", sostiene el informe.
Añade que la desconfianza de la ciudadanía en los aparatos de justicia para resolver los conflictos sociales, se evidencia en la decisión de los ciudadanos de no acudir a ellos, por lo tanto, así afectando el Derecho al Acceso ante la Ley, ya que se incluye mucho en la decisión de los tribunales, el poder económico.
El documento recomienda que una de las instituciones que debe ser apoyada por parte del Estado, para que la ciudadanía tenga un efectivo Derecho al Acceso de Justicia, es el Instituto de Defensoría de Oficio, para beneficiar a los ciudadanos de mejores ingresos.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, es un organismo integrado por el Colegio Nacional de Abogados, la Comisión de Justicia y Paz, USMA, CoNEP, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y el Centro de Asistencia Legal Popular.
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