La designación de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que remplazarán a Esmeralda de Troitiño y Adán Arnulfo Arjona, cuyos períodos vencen en diciembre de este año, debe ser transparente y consultada con la sociedad civil.
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), con sede Washington, estimó que se hace necesario crear una mayor participación para impedir la ingerencia política en estos temas.
Alejandro Miguel Garró, representante de DPLF, aseguró que en toda América Latina la tendencia es permitir que la sociedad conozca con antelación a los candidatos a ocupar estos cargos y pueda hacer señalamientos sobre su desempeño.
En tanto, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia, aseguró que a menos de dos meses que se hagan la designaciones, aún se desconoce quiénes son los candidatos a ocupar estos cargos.
Para Castillo, el nuevo Gobierno tiene la posibilidad de producir un cambio.
