Gritos de auxilio y de dolor de siete jóvenes infractores se escucharon hace un año desde una celda del Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen, en medio de una protesta que se registraba en el lugar, por falta de agua.
Una bomba lacrimógena arrojada, supuestamente, por agentes de la Policía Nacional, ocasionó las llamas que estaban consumiendo y sofocando a los menores que se encontraban encerrados en la celda en donde se registraba el incendio.
Tras un año de haber transcurrido este lamentable hecho y de haberse iniciado una investigación, en donde se imputó a nueve policías y a la directora del centro de cumplimiento, el proceso se mantiene estancado en la Fiscalía Primera Superior.
Y es que dentro de este caso, los abogados de las partes han presentado, aproximadamente, 30 recursos, la mayoría de ellos han sido interpuestos por la defensa de los policías imputados.
“Todo lo que busca la defensa de los policías es dilatar este proceso que ya tiene un año en la fiscalía”, cuestionó el abogado querellante, Carlos Herrera Morán.
Sobre este tema, también se refirió el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, quien resaltó que el atraso para que la fiscal primera superior, Geomara Guerra de Jones, emita su vista fiscal, no se debe al Ministerio Público, sino a los abogados.
Para Julia Mosquera, madre de Eric Batista, uno de los menores fallecidos, su esperanza es que el letargo en las investigaciones termine pronto y que se haga justicia por la muerte de su hijo y de los otros jóvenes que murieron con él.
Explicaciones.
La fiscal encargada primera superior, Dayra Botello, explicó, a través de un cuestionario, que cuando se presenta un incidente de recusación, el expediente debe ser remitido al Tribunal, lo que impide que el fiscal recusado pueda realizar algún tipo de actuación en el sumario y esto fue lo que sucedió por 30 días cuando la defensa de los policías presentó este recurso a la fiscal Geomara Guerra de Jones.
La semana pasada, el abogado Benito Mojica presentó un nuevo incidente de nulidad contra el proceso, porque asegura que el perito Eric Portugal no era idóneo al momento que realizó el informe que determinó que el incendio dentro de la celda fue a causa de una bomba lacrimógena que lanzaron los policías para dispersarlos.
Además, el Segundo Tribunal Superior de Justicia tiene que resolver ocho solicitudes de cambio de medidas cautelares de los policías que actualmente tienen una medida de cuartel por cárcel.
Pendientes.
También están pendientes varias diligencias que pueden esclarecer mejor las causas del hecho. Una de estas es el análisis del químico de la bomba lacrimógena que se utilizó ese día por la Policía Nacional. Sin embargo, esta diligencia se ha suspendido en tres ocasiones.
La última vez fue suspendida debido a que la Policía Nacional no tenía el modelo de la bomba lacrimógena utilizada ese 9 de enero, en sus depósitos.
Esta situación, según Herrera Morán, abogado de las víctimas, se debe a que se quiere ocultar la verdad y se quiere evitar que fue este artefacto lo que provocó el siniestro.
Otra de las pruebas pendientes es la declaración del director del Instituto de Medicina Legal, Humberto Mas, fijada para el próximo 16 de enero. Esta práctica de prueba fue solicitada por los abogados de la familia de las víctimas, quienes explicaron que con esta declaración se determinará la idoneidad del perito Eric Portugal.
Mientras tanto, Benito Mojica, abogado de los policías, señala que la investigación está amañada, ya que no ha tomado el curso que debe ser, pues dice que desde el inicio solo se le ha creído a una persona que asegura que la bomba lacrimógena fue la que provocó el incendio.
Agregó que existió una declaración que decía que una pandilla contraria lanzó un colchón en llamas, y que esto provocó el incendio.
