Una auditoría interna será realizada a todos los expedientes que tramita el Departamento de Responsabilidad Profesional de la Policía Técnica Judicial (PTJ), según lo establece la resolución No. 54 que apareció ayer en la Gaceta Oficial.
La Procuraduría General de la Nación comisionó al secretario de Vigilancia y Control de esta institución, Carlos Danilo Quintanar, para que haga cumplir la norma.
Esta medida surge luego que la Procuraduría, a través de la Secretaría de Vigilancia y Control de la PTJ, advirtió sobre la necesidad de auditar al Departamento de Responsabilidad Profesional de la entidad, con el propósito de conocer, si el procedimiento aplicado en los distintos casos que allí se han ventilado, ha sido el correcto.
Además busca determinar si se ha dado cumplimiento a lo ordenado en las resoluciones finales de la PTJ.
La Procuraduría General de la Nación está facultada, por medio del artículo 390 del Código Judicial, para comisionar a cualquier agente del Ministerio Público en la práctica de diligencias que se le asignen.
La osamenta del banquero fue hallada en el 2001 en Cerro Azul.
Durante su carrera como fiscal, a Sáez se le formularon diferentes acusaciones. El propio Boutin solicitó a la Corte Suprema de Justicia que separara al entonces procurador Sossa y a otros funcionarios, entre ellos Sáez, por haber incurrido, a su juicio, en la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad, simulación de hechos punibles, calumnia en actuaciones judiciales, falso testimonio, encubrimiento, así como violación de garantías constitucionales y derechos humanos en el caso por la muerte de Bosch.
El abogado de Boutin, el catedrático Miguel Antonio Bernal, planteó en la demanda que Sáez era "cómplice y encubridor" de Sossa.
Sáez también enfrentó una acusación del exprocurador Rogelio Cruz, quien lo señaló por supuestamente dilatar el caso de los anticastristas Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Pedro Remón y Gaspar Jiménez, para poder viajar a Europa durante los días en que estaba prevista efectuarse la audiencia de este caso.
Cruz pidió ante la Fiscalía Primera Superior la suspensión del cargo de Sáez y la retención de su salario por 30 días.
Al ahora separado fiscal le tocó en su momento tomarle declaración jurada a gente pesada. Nada más y nada menos que al entonces ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona; al director de la Policía Nacional, Carlos Barés; al subdirector de Migración, Javier Tapia y al jefe de la DIIP de la Policía, Arnulfo Escobar, por la liberación y salida irregular del país de los anticastristas indultados por la presidenta Mireya Moscoso. Una carrera en franca ascendencia, pero con algunos sobresaltos.
Arquimedes Sáez fue arrestado el sábado, en momentos en que recibía dinero, a cambio de otorgar una medida cautelar. Sáez es señalado por corrupción de funcionarios.
