La equidad en la distribución de los ingresos, la descentralización estatal, mejores resultados de la inversión social, mejoras en el sistema educativo para elevar la productividad y generar empleos mejor remunerados fueron algunas de las propuestas presentadas ayer en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, CADE 2000, donde hoy se firmará un acuerdo para la eliminación de la pobreza.
¿Puede Panamá avanzar con un millón de pobres, y una quinta parte de su población en pobreza extrema? ¿Cómo mejorar la distribución de las riquezas y rentabilizar el gasto social para que realmente logre reducir estas alarmantes cifras? ¿Pasará CADE de palabras y compromisos a acciones concretas y a resultados tangibles?
"Es un avance significativo que las fuerzas vivas de Panamá se hayan decidido finalmente a debatir públicamente sobre la pobreza, ya que hace unos años, quienes tratábamos el tema nos calificaban de comunistas", indicó el sociólogo Raúl Leis, quien además sostuvo que con una inversión anual mínima y prolongada del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) se podría erradicar la pobreza extrema del país.
Según el sociólogo, es "inconcebible" que un país con tantos recursos naturales, un Canal, áreas revertidas, 40% de bosques, una población de sólo 2.8 millones de habitantes y un bajo nivel de analfabetismo, tenga tan altos niveles de pobreza. "Panamá tiene los recursos suficientes para disminuir drásticamente el nivel de pobreza, entonces ¿por qué no hay voluntad y decisión política para enfrentar el problema a fondo?".
Partiendo del hecho que el 70% de la pobreza está en áreas rurales y un 95% en la zona indígena, Leis propone un proceso de transformación agraria, que involucararía un "reordenamiento territorial del país", acceso a crédito, titulación masiva, y "mayores oportunidades para la gente del campo", con lo cual se evitaría que la pobreza rural se propague aún más al área urbana por la emigración del campo a la ciudad.
También plantea una descentralización política, que permita a los municipios organizarse y administrar sus propios recursos, al igual que una reforma fiscal que permita una equidad del gasto social.
"Este no es un tema de gobierno, es un tema de Estado, porque independientemente del gobierno de turno, es el Estado el que tiene que dirigir este proceso, evitando que la "politiquería" determine la distribución de los recursos".
El salario mínimo también estuvo en discusión. Mientras Leis plantea que debe darse un aumento automático del salario mínimo en base a la inflación, el ex ministro de Planificación Guillermo Chapman asegura que un aumento del mismo podría tener un efecto negativo sobre la economía, incrementando el desempleo, principalmente entre los jóvenes y las mujeres. Ambos panelistas concluyeron en que esta medida no solucionaría la pobreza.
Leis introduce el planteamiento de "aumentar el salario mínimo real", que equivale a los servicios sociales que debe prestar el gobierno, para que las personas no tengan que invertir sumas adicionales para "comprar" estos beneficios, con lo que lograrían un mayor rendimiento de su salario mensual.
Por su parte, Chapman considera "viable" realizar algunas reformas a la legislación laboral actual para crear condiciones especiales que apoyen a los grupos que tienen menos posibilidad de conseguir empleo.
Chapman propone una descentralización y focalización de los programas sociales del Estado, para que se establezcan metas y se midan los resultados, ya que en Panamá "la inversión social no se compara con los resultados concretos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Enrique Garrido, quien expuso sobre la pobreza indígena, pidió "coherencia" en el programa de reformas económicas y su aplicación, para que los más necesitados sean consultados y reciban el beneficio de los recursos estatales. "Esto es justa eficiencia del gasto social".
"Es prioritario mejorar y lograr la equidad en la distribución del gasto público, en especial en la salud, donde no puede continuar el sobreabastecimiento en ciertas áreas urbanas y la inexistencia de insumos en las áreas indígenas", puntualizó Garrido.
Luego de hacer una descripción de la dramática situación de las áreas indígenas, donde el 95% es pobre y el 86% sufre de pobreza extrema, pero sólo representa un 8% de la población total, Garrido finalizó su exposición diciendo que "cuando escuchen que en la Asamblea hay muchos indios nombrados, respondan, como lo hago yo, "ellos también tienen derecho".
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