El exprocurador General de la Nación, Jorge Ramón Valdés, se mostró contrario al aumento de 20 a 50 años de prisión en los casos de homicidio doloso, ya que dentro de los centros penitenciarios no existen programas de rehabilitación.
Valdés también alegó que aplicar una pena de 50 años de prisión sería casi como una cadena perpetua, pues una persona condenada a esa cantidad de años, al salir de la cárcel sería prácticamente un anciano sin posibilidades de enmendar su vida.
Consideró que estas iniciativas carecen de una sustentación científica, ya que no hay un estudio para sustentar la aplicación de una pena tan extensa a una persona. Dijo estar de acuerdo con un aumento a 30 años para los casos de homicidio agravado.
Por otro lado también expresó estar puesto a la aplicación de la pena de muerte, aunque estimó esta posibilidad como remota, pues una norma de esta índole requiere de una reforma constitucional para su aplicación.
A la vez consideró que todo delincuente tiene la posibilidad de rehabilitarse y convertirse en una persona de provecho para la comunidad, y sería muy duro la aplicación de una sanción en donde se le quite la vida a una persona.
El legislador de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena presentó ante ese organismo un anteproyecto de ley que aumenta de 20 a 50 años de prisión la pena por la comisión de un homicidio doloso.
De acuerdo con Arosemena esta iniciativa busca endurecer las sanciones por este tipo de crímenes, ya que en los últimos años se ha registrado un incremento en la comisión de delitos violentos, que dejan como saldo muertos y personas gravemente lesionadas.
Sin embargo, algunos sectores han expresado su rechazo a la iniciativa, ya que ello elevaría los costos para la manutención de las cárceles.
