Los expertos consultados por Panamá América aseguraron que la expropiación no es el mecanismo más apropiado para que el Estado recupere el terreno entregado a César Segura.
“La expropiación es la forma común para proteger a los delincuentes”, aseguró el abogado Rogelio Cruz.
A su juicio, la forma más viable es a través del Ministerio Público (MP), entidad que, mediante las investigaciones, debe determinar que se cometieron irregularidades en el otorgamiento del terreno, permitiendo declarar nula la resolución y llevando a los responsables a enfrentar acciones penales.
“Deberían quedar presos quienes cometieron esta ilegalidad”, sentenció Cruz.
El también jurista Miguel Antonio Bernal sostuvo que hablar de expropiación no tiene sentido en este caso, porque hace el acto más doloso.
“Con base en la ley, la resolución a través de la cual se adjudicó del terreno debe ser declarada ilegal”, aseguró.
Este actuar debe ser acompañado de una investigación del MP que incluya a todos los actores que participaron en el otorgamiento del terreno, incluyendo a las direcciones de Catastro y ANATI.
“En este caso no hay vuelta de hoja, se cometió un delito”, manifestó Bernal, al tiempo que aseguró que desde un principio todas las acciones fueron delictivas.
