El Gobierno ha repartido 127,036 hectáreas del territorio nacional entre exploración y extracción de la industria minera.
La anterior denuncia de grupos ambientalistas como: Fundación Albatros Media, CEASPA y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) fue acogida ayer por la Defensoría del Pueblo.
Raisa Banfield, del CIAM, alegó que hay en proceso de concesión 2,303,829 hectáreas, donde se incluyen áreas protegidas.
Jesús Alemancia, director del CEASPA, confesó que las empresas juegan con las consultas.
En tanto, el defensor Ricardo Vargas pidió al Gobierno la moratoria en el tema de la minería y cuestionó la capacidad de inspección del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Los ambientalistas indicaron que la "indiferencia gubernamental" les ha obligado a pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo y denunciar que la administración actual impulsa "un proceso de destrucción de nuestra rica biodiversidad, con el argumento de un desarrollo que sólo traerá riqueza para pocos".
Además, se informó que hay 148 solicitudes en evaluación, sin contar las 14 que saldrán en la Gaceta Oficial.
