Extranjeros demandarán a Migración por cancelaciones

Extranjeros afectados por cancelaciones masivas de permisos de trabajo y estadía legal preparan una demanda para presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Servicio Nacional de Migración (SNM) y del Estado panameño.

Rafael Rodríguez, vocero de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá (Arena), confirmó que mañana, miércoles 6 de junio, realizarán una "vigilia permanente" frente a la sede de Migración para denunciar las cancelaciones de carnés emitidos por los mecanismos regulares, algo que califican como "un atropello" a sus derechos.

"Después de la actividad esperamos una respuesta del director del Servicio Nacional de Migración [Javier Carrillo Silvestri]; de lo contrario, procederemos con la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en otras instancias, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)", explicó a Panamá América el presidente de Arena.

Ayer el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció que de 600 casos de extranjeros en revisión, se confirmó que 300 tramitaron permisos laborales con estatus migratorios "fraudulentos".

Esto en atención a las denuncias hechas por el propio director del Servicio Nacional de Migración y a listas aportadas por esta institución.

En nota de prensa emitida por el Mitradel, se aclaró que la norma vigente establece entre las causales de cancelación de permisos a extranjeros "la declaratoria de la falsedad de algún documento presentado con la solicitud".

Igualmente, el Mitradel procedió a publicar en su sitio web los nombres de los extranjeros cuyos permisos de trabajo se revocarán en atención a las causales señaladas.

"Exhortamos a todos los empresarios a que estén pendientes de los listados que se publicarán a efecto de que tomen las medidas correspondientes consagradas en la normativa laboral y evitar futuras sanciones por el incumplimiento de las mismas", indicó el Mitradel.

Pero el presidente de Arena insistió en que la medida es injusta porque no permite la defensa de los afectados, a quienes incluso se les niega acceso a los expedientes de las supuestas falsedades en los trámites de documentos.