La guerra existente entre el contralor Alvin Weeden y el Secretario Nacional de Ciencia, Teconología e Innovación (SENACYT), Gonzalo Córdoba, pareció inclinarse a favor del primero, luego que la Corte Suprema de Justicia concediera un sobreseimiento definitivo a favor del jefe de las finanzas públicas por los presuntos delitos contra la comunidad internacional, abuso de autoridad e infracciones de los deberes de servidor público, presentados por el segundo.
En su fallo los magistrados de la Corte señalan que los delitos atribuidos al contralor Weeden necesitan ser debidamente probados, situación que no se ha producido dentro de este expediente, por lo que no se ha probado haya incurrido en un actuar doloso, malintencionado y violentado tipo penal alguno.
Córdoba, como secretario de SENACYT, presentó una denuncia contra Weeden bajo el argumento que éste no refrendó una serie de contratos para la ejecución del Convenio No 1108/OC-PN firmado entre la República de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BDID) y que la no utilización de estos fondos en tiempo oportuno puede ocasionar la cancelación del convenio antes mencionado y crean graves perjuicios para el país.
No obstante, pese a la opinión emitida por la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, con respecto al litigio en donde aseguró que Weeden había aplicado un tipo de control muy especial que había impedido a SENACYT cumplir con compromisos internacionales, cuya violación generaría graves costos para el Estado, la Corte sostiene que la falta de refrendo no constituye un delito.
A juicio de los magistrados en este caso se produjo fue un retraso en el refrendo de los contratos y ello no es indicio de la comisión de delito alguno, debido a que no existen elementos probatorios que demuestren una actuación caprichosa y alejada de los preceptos legales.
Tanto Weeden como Córdoba han sostenido un enfrentamiento en los últimos meses que ha provocado la presentación de denuncias por calumnia e injuria.
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