David Ramírez del Movimiento 23 de Octubre lamentó el falló en contra de las víctimas del bus incendiado 8B-06 que declaró que el Estado no es responsable del pago de B/ 10 millones en concepto de daños y perjuicios, cuando se presentaron las evidencias, los hechos son reales y la comunidad en general sabe que su hijo y los demás pasajeros fallecieron por negligencia.
"Si bien es cierto el conductor y el dueño del bus fueron condenados, el Estado también tiene responsabilidad", manifestó Ramírez, quien señaló que el fallo de la Corte represente un antecedente funesto para la justicia panameña y para quienes creyeron que las cosas cambiarían.
Tanto Ramírez como Víctor Martínez, abogado de las víctimas del bus 8B-06, indicaron que se estarán reuniendo con los familiares de los caídos y con los sobrevivientes para luego en conferencia de prensa dar a conocer su posición oficial y próximas acciones.
Martínez agregó que no es justo, correcto ni ético que el Estado se lave las manos cuando hay una responsabilidad compartida en cuanto al transporte público de pasajeros.
En el incendio del bus 8B-06, de la ruta Mano de Piedra-Corredor, ocurrido el 23 de octubre de 2006 en La Cresta, a la altura de la Iglesia Hossana, murieron 18 personas.
