La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares contra el Estado panameño para que aplique medidas de protección a los refugiados colombianos que se encuentran en la provincia del Darién, algunos de los cuales, según organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, han sido objeto de malos tratos por parte de autoridades panameñas.
La solicitud se da luego de denuncias de supuesto traslado forzoso de colombianos, e incluso sobre la desaparición de los ciudadanos colombianos Enrique Medrano y Juan Berrío, trasladados supuestamente en contra de su voluntad y quienes desde el 18 de abril no aparecen.
Entre el 18 y 21 de abril autoridades panameñas, devolvieron a Colombia "de manera forzada" a 109 personas de nacionalidad colombiana y panameña, las que fueron llevadas desde la comunidad de Punusa en Darién, a la localidad colombiana de Zapzurro.
En este sentido, el abogado Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los organismos internacionales que velan por los derechos humanos han expresado su preocupación, para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Explicó que la Comisión Interamericana solicitó establecer el paradero de los señores Enrique Medrano y Juan Berrío y adoptar urgentemente medidas necesarias para proteger su vida e integridad física. Hasta el día de hoy, enfatizó que no se tiene conocimiento en cuanto al paradero de estas personas.
Así mismo se ordenó al Estado panameño reunificar a las familias que fueron separadas, durante esas devoluciones en las cuales se incluyeron ciudadanos de nacionalidad panameña. "Algunos niños quedaron en territorio panameño, mientras que sus padres fueron devueltos a la comunidad de Zapzurro en Colombia", enfatizó.
De igual forma se solicitó la investigación de los hechos ocurridos el 18, 19 y 20 de abril de 2003 en la localidad de Punusa, a fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Se exigió además garantizar el derecho de no devolución que gozan las personas de nacionalidad colombiana en las comunidades del Darién, con la finalidad de que no sean expulsadas del territorio panameño, sin respetar las obligaciones que tiene el Estado bajo la Convención Americana de Derechos Humanos.
Quintana advirtió que si el Estado no cumple con esas medidas cautelares, solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el caso sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, donde se pudieran producir sanciones contra Panamá.
La repuesta dada por el Gobierno según Quintana, ha sido bastante incongruente al acusar a estas organizaciones de falsedad y que los hechos presentados ante la Comisión Interamericana eran falsas. "Lo que pedimos es que se respeten los procedimientos de la condición del refugiado y que no se lleve a cabo ninguna deportación más al territorio colombiano", recalcó.
