El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, alegó que la falta de auditores impide acelerar las investigaciones por denuncias de quiebras fraudulentas como lo son los casos de Fotokina, Disa, Providence y Adelag.
Sossa señaló que dentro de estas investigaciones se han obtenido algunos resultados y se han emitido solicitudes de apertura de causa criminal para algunas personas, pero que la falta de recursos de los despachos judiciales hace difícil cumplir con celeridad la instrucción de estos procesos.
En algunos de los casos de quiebra fraudulenta el Ministerio Público ha solicitado el encausamiento penal de los propietarios de las empresas y los tribunales han impuesto fianzas de excarcelación millonarias.
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